Violencia política mapuche
ES TERRORISMO la quema de un camión en la carretera? Convencido estoy de que no. Es básicamente un ataque contra propiedad privada, con móviles que van desde el vandalismo a la protesta política, sin olvidar por supuesto el “cobro de seguros” como se ha demostrado judicialmente en al menos media docena de casos.
Lo acontecido desde hace años en la Ruta 5 Sur creo trata básicamente de protesta política mapuche. Violenta, por cierto; condenable, también, pero en ningún caso terrorismo. Como tampoco lo fue en junio de 2007 la quema de once buses en el acceso a la mina El Teniente de Codelco por parte de trabajadores subcontratistas en huelga.
Nadie en el gobierno o los gremios habló entonces de terrorismo. Pese a la magnitud del atentado, tampoco se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, que sanciona duramente a quien atente contra medios de transporte. Bastó con la ley general.
Tras la investigación penal, solo un trabajador resultó condenado por los sabotajes; cinco años y un día por el delito de “incendio simple”. Jamás puso un pie en la cárcel. Alcanzada a través de un procedimiento abreviado, cumplió su condena firmando.
¿Por qué se habla entonces con tanta facilidad de terrorismo al sur del río Biobío? Alguien podrá argumentar que en Codelco no se queman buses todas las semanas. Y que en La Araucanía los camiones siniestrados superan los doscientos en la última década.
Es verdad. Pero Codelco no está todas las semanas en huelga. Ni los subcontratistas enfrentados a diario con Carabineros. Ello sí acontece en algunas zonas de La Araucanía y Biobío. El conflicto allí es permanente. Y en zonas militarizadas como Ercilla hasta cotidiano. Por algo los medios la bautizaron como “Zona Roja”.
Hay quienes argumentan, por otro lado, que basta “producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie” para que sea terrorismo. Es lo que dice textual la subjetiva Ley Antiterrorista.
Pero el temor es inherente a cualquier delito. Es lo que siente cualquier santiaguino respecto de los portonazos. O un sureño que transita por el Paseo Ahumada respecto de timadores y carteristas de diversa calaña. Tal vez por ello la propia ley establece, a continuación, que no se trata de cualquier temor. Y tampoco de cualquier delito.
Para el caso de los camiones, debe tratarse de alguno de los delitos que enumera el artículo 2 inciso 4: “Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo”.
¿Se usaron en Pidima complejas bombas o artefactos de “gran poder destructivo”? No que sepamos. Es quizás la misma duda razonable que han tenido los jueces que, en abrumadora mayoría de casos, han absuelto desde 2001 a los mapuche acusados mañosamente por dicha ley.
No, en el caso de los camiones no podemos hablar de terrorismo. Hacerlo es irresponsable. Y un acto de discriminación y racismo, como estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo condenatorio contra Chile de 2014 tras analizar las únicas ocho condenas por dicha ley contra dirigentes mapuche.
En la sentencia, la Corte concluyó que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia. También el principio de igualdad y no discriminación al utilizar los jueces en sus sentencias “razonamientos que denotaban estereotipos y prejuicios”.
Insisto, estamos ante casos de violencia política mapuche, no de terrorismo. Al menos no todavía. Y es que político es el conflicto en el sur. Y político debe ser también su abordaje. Es hora de que en La Moneda y el Congreso lo vayan de una buena vez entendiendo.
Insisto, estamos ante casos de violencia política mapuche, no de terrorismo. Al menos no todavía. Y es que político es el conflicto en el sur. Y político debe ser también su abordaje. Es hora de que La Moneda entienda.