Derechos, en serio
EL PROCESO de discusión constitucional que convocó el gobierno ha provocado diversas reacciones. Y así como algunos han visto en este ejercicio una oportunidad para enriquecer, entre todos, nuestro pacto político; otros se manifiestan preocupados ante la posibilidad que el cambio constitucional implique algún tipo de inflación de derechos que nuestro país no se encuentre, luego, en condiciones de satisfacer.
Me encuentro entre quienes piensan que nuestra Constitución ganaría en justicia, legitimidad social y estabilidad a largo plazo si contemplara un reconocimiento de derechos más eficaz y equilibrado. Me parece importante, sin embargo, hacerme cargo de las aprensiones de quienes temen que una ampliación excesiva de los derechos o la introducción de mecanismos de garantía mal pensados pudieren terminar siendo un error desde la perspectiva de las posibilidades reales de asegurar condiciones que permitan, en los hechos, y no solo en los textos jurídicos, una mejor calidad de vida para todos.
Existen personas que frente a cualquier tipo de reforma comienzan preguntándose siempre por todas las posibles externalidades negativas de un cambio mal hecho. Nada habría que reprochar a esta aproximación cautelosa si ella responde a un sobrio sentido de responsabilidad, al aprendizaje que arrojan las malas experiencias y, en general, al rigor técnico. Cuestión distinta es cuando, en la defensa del status quo, se reemplazan los argumentos con caricaturas y campañas del terror. Lo ocurrido el año pasado con los encuentros locales y cabildos debiera ser motivo de reflexión para quienes tienden a tocar campanas de alarma cada vez que se discute el tema constitucional. Todos aquellos que vaticinaron, en las mismas páginas de éste y otros medios, que los encuentros locales del año pasado terminarían en un frenesí de demagogia constitucional, capturados por operadores de la Nueva Mayoría y, en fin, que no eran otra cosa que una máscara para un informe final maximalista que, supuestamente, ya estaba redactado desde antes de empezar el proceso, debieran reconocer que se equivocaron.
La extraordinaria ponderación de los ciudadanos que participaron, manifestada tanto en el tono respetuoso de los debates como en la moderación de las conclusiones, tiene que servir para desvanecer los fantasmas “chavistas” que algunos se empeñaron en avivar.
La idea que los habitantes de esta tierra tenemos, a partir de nuestra común dignidad, unos derechos a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad social tiene fuertes raíces en nuestra historia democrática, responde a valores compartidos y es una avenida para llegar a ser una sociedad más integrada e inclusiva. Estos derechos aparecen con mucha fuerza en las conclusiones del proceso de diálogos del año pasado. Teniendo claro que las opiniones allí recogidas no representan al conjunto del pueblo de Chile, hay allí un sentir que sería miope menospreciar.
El desafío consiste en concordar fórmulas de reconocimiento eficaz de los derechos sociales que no impliquen gobierno de los jueces ni ruina fiscal. Contamos para ello con la anotada moderación de la inmensa mayoría. Existen, por lo demás, fórmulas que combinan virtuosamente estado social y economía de mercado (pienso en la República Federal alemana).
Nuestra Constitución ganaría en justicia, si contemplara un reconocimiento de derechos sociales más eficaz y equilibrado.