Deuda en protección de la Propiedad Intelectual
Señor director:
Tal como ha sucedido en los últimos 10 años, la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) ha vuelto a situar a Chile en la “lista roja” de los países que están en deuda en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual.
A pesar de los esfuerzos, aún tenemos un enorme desafío para generar avances sustanciales en esta materia, ya que aún no existe consciencia del valor que tiene para la economía y para el avance del país.
Por lo mismo, es que el informe de la USTR es tajante en exigir que “Chile necesita garantizar procedimientos administrativos y judiciales eficaces, así como los medios de disuasión” necesarios si desea avanzar realmente en proteger este tipo de derechos. “Hacer la vista gorda” en esta materia nos puede costar muy caro como país, en razón del discurso y políticas proteccionistas que está impulsando la administración de Donald Trump.
Aparte de generar conciencia ciudadana, el primer cambio es que el gobierno active la discusión parlamentaria de proyectos de ley modernos, como el que protege la propiedad industrial. Para avanzar legislativamente debería haber voluntad política en un tema que no genera popularidad ni votos en un año electoral, y que fue detectado por el ranking norteamericano al establecer que “la administración Bachelet no ha priorizado los proyectos pendientes” para abordar una vía de solución. Lo segundo, es dotar de medios y reforzar los recursos a los fiscalizadores para apoyarles en su gestión.
El círculo virtuoso se cerraría si los jueces dejaran atrás el principio garantista y aplicaran la ley sin contemplaciones en esta materia. Esto último es particularmente importante, porque al analizar fallos se observa que muchos magistrados parecen estimar que la propiedad intelectual es un bien jurídico que amerita menor protección que otros derechos que contempla el sistema jurídico.
Ello puede encontrar explicación en el desconocimiento de la cadena de realidades que se esconden tras la piratería, como la proliferación del comercio ilícito, la evasión tributaria y el socavamiento de la innovación como motor del desarrollo, por nombrar solo algunas. Juan Enrique Puga Abogado