Voto voluntario
Señor director:
En su columna del domingo pasado, Ascanio Cavallo cuestiona el sistema de voto voluntario adoptado casi unánimemente en Chile en 2012, señalando que este infligió un daño a nuestra democracia pues sería responsable de la alta abstención en las elecciones municipales de 2013.
Considero que el voto voluntario es un principio fundamental de la democracia ya que la soberanía reside en la nación y son los ciudadanos quienes tienen el derecho de ejercerla libremente para elegir a través de su voto- a sus autoridades. Por ello lo han adoptado la mayoría de las democracias occidentales.
Un análisis riguroso del tema lleva a recordar que el sistema antiguo abultaba la participación electoral y enmascaraba la real abstención. Si comparamos el porcentaje de ciudadanos en edad de votar que no votaron en las elecciones parlamentarias realizadas en Chile entre 1945 y 1969 veremos que el porcentaje de abstención electoral fue superior al de 2013. Simplemente porque durante esas décadas el número de personas inscritas para votar era muy inferior al número de personas en edad de votar.
Por otra parte, gracias a la inscripción automática y al voto voluntario, como lo muestran Loreto Cox y Ricardo González del CEP, en 2013 hubo un incremento en la participación de los chilenos entre 18 y 34 años, es así como más de un millón de jóvenes votaron por primera vez en una elección en sus vidas.
Volver al voto obligatorio no solo es una solución del tipo “sillón de don Otto”, sino además una pésima decisión de la clase política especialmente frente a los cinco millones de chilenos que no estaban inscritos y que por ley pasaron a formar parte del padrón electoral.
Si bien comparto la preocupación de Cavallo frente a la abstención, creo que el camino es incentivar la educación cívica y facilitar la participación, con reformas como el voto electrónico y el voto anticipado, y por sobre todo, desterrando las malas prácticas que desprestigian la política, a lo que también contribuye significativamente el voto voluntario. Señor director:
Paralelamente a la discusión sobre la reforma de la institucionalidad de la Educación Superior que se está tramitando, se ha presentado una propuesta para modificar el Derecho a Retracto establecido en la Ley 19.946 de Derechos del Consumidor.
El Derecho a Retracto es la facultad que tienen los estudiantes para dejar sin efecto su matrícula en una universidad, sin costo alguno para ellos ni expresión de causa. Para ello la ley establece un plazo en el que pueden hacer efectivo ese derecho.
Es importante tener en consideración que las universidades organizan su actividad académica en función del número de estudiantes matriculados, lo que implica contratación de profesores, disponibilidad de infraestructura, biblioteca y laboratorios. Creemos que ampliar sin restricciones el plazo de retracto, además de dificultar la planificación y gestión de las instituciones, y por la forma en que está redactado, puede causar perjuicios para los estudiantes que pretende proteger.
De hecho, ¿qué pasará cuando un estudiante, para asegurar matrícula, se inscriba en alguna institución de educación superior un mes antes de recibir sus resultados de postulación por PSU? Se vencerán los diez días de plazo de retracto y el alumno (y familia) perderá su inversión, si es que decide estudiar entonces en otra universidad.
En definitiva, la capacidad de planificación y gestión son instrumentos claves para mejorar la calidad de la educación que entregamos a los estudiantes de nuestras universidades, y valoraríamos poder contribuir para que este proyecto pueda compatibilizar los derechos de los estudiantes con la necesaria estabilidad de las instituciones. Señor director:
El día jueves la Comisión de Trabajo del Senado despachó a la Sala en general el proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de discriminación e igualdad de remuneraciones de hombres y mujeres.
Si bien en Chile ya existe la ley 20.348 que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones, la evidencia demuestra que su efectividad ha sido limitada. Según la última encuesta ESI, la diferencia de salario entre hombres y mujeres es de 27% en las empresas con 200 o mas trabajadores; lo cual es especialmente relevante ya que en estas empresas trabaja un 52% del total de la fuerza laboral femenina.
Urge modificar aquellas leyes que encarecen la contratación femenina pues se traducen en un menor salario para ellas. De acuerdo a un estudio de Pradda, Rucci y Urzúa (2015), mujeres que trabajan en empresas con 20 o más trabajadoras -organizaciones obligadas por el artículo 203 del Código del Trabajo a proveer sala cuna para hijos menores de dos años de madres trabajadoras- tienen un salario inicial menor entre $24 mil y $53 mil (diferencia entre 9% y 20%).
Grupo3 -asociación entre Fundación ChileMujeres, Mujeres Empresarias y +Mujeres- ha realizado una propuesta en la que toda empresa con padres y madres de hijos menores de tres años, sin límite de personas, sea la pagadora de sala cuna y jardín infantil, aunque no será finalmente la empresa la que asuma el costo, mediante un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría, deduciéndolo mensualmente del Pago Provisional Mensual.
Casos como el “203” son el reflejo de una cultura que considera a la madre y excluye al padre como responsable del cuidado de los hijos. Debemos lograr un cambio cultural que incorpore mayor corresponsabilidad no solo en nuestra legislación sino también en nuestra sociedad.
Invito al mundo público y privado a unirse por una sociedad justa, esforzándose para cambiar nuestra actual cultura laboral, que hoy se traduce en menores oportunidades para el desarrollo y dignidad de las mujeres en Chile. Señor director:
De pronto me he visto mezclado en una insólita pelotera, relacionada con una investigación en torno a Codelco. En lo que a mí respecta, quisiera hacer algunas precisiones acerca de los dibujos que he realizado para la mencionada minera.
Llegué a trabajar a esa empresa debido a que me llamaron para crear algunas piezas gráficas, que reflejaran los principales problemas de riesgos laborales y su prevención, el cuidado de recursos como el agua, las instalaciones y los insumos, de un modo humorístico para facilitar la llegada de los mensajes a todos los funcionarios. La buena acogida del trabajo derivó en otros encargos, como una campaña de lanzamiento del portal intranet de la empresa.
De ahí surgió la idea de seguir con una viñeta semanal, que recogiera temas propios de la labor minera y sus particulares problemas, en un tono humorístico.
Para realizar esto debí viajar muchas veces a la mina El Teniente, a la fundición de Caletones y otras instalaciones mineras, con el fin de conocer en terreno todo el proceso y así poder documentarme apropiadamente.
Lo investigado por Contraloría, recogido y divulgado profusamente por parlamentarios, menciona una cifra de muchos millones, omitiendo que esa suma corresponde a un período de los tres años abarcados por la investigación. El pago por mi labor ascendió a un costo líquido de $100.000 por viñeta, lo que es fácilmente comprobable a través de las boletas emitidas, es decir, $400.000 mensuales, valor muy inferior a lo que ganan algunos asesores de la clase política por informes a menudo inexistentes.
Me siento muy satisfecho de haber colaborado con Codelco y su trascendente labor, y agradezco que esta empresa haya sido lo suficientemente lúcida y visionaria para aquilatar el alcance de lo que algunos consideran solamente unos “monitos chistosos”.
Estoy convencido de que el oficio de humorista gráfico, históricamente, ha constituido un invaluable aporte para la divulgación de contenidos que promueven y fortalecen el sentido del trabajo en conjunto y de pertenencia a una comunidad.
El diccionario de la Academia Española de la Lengua debió adecuarse a los usos actuales, principalmente para eludir el empleo de términos que irritan. Así, por ejemplo, eliminó dos acepciones de la voz “maricón” y le quitó carga moral a la definición de “sodomita”. También incluyó la voz inglesa gay, como sustantivo y adjetivo, sin variar la ortografía original. El plural aceptado es gais o gays.
Pero, “la lexicografía no puede hacer dejación de su responsabilidad, que es consignar lo que en la lengua existe”, señala el académico Pedro Álvarez de Miranda, que fue director de la última edición del diccionario de la Lengua Española. Que un término cambie de definición o se describa como malsonante o hiriente no significa que desaparezca. Solo ha dejado de ser una definición veraz.