Comisión Sename: ex ministra Blanco “es una de las mayores responsables”
A las 15 horas de hoy, en el ex Congreso Nacional, la comisión investigadora Sename II votará el informe final de la instancia creada en junio de 2016 y que analizó la forma en que las autoridades “atendieron” las propuestas realizadas por una comisión ad hoc en 2014.
Entre otras conclusiones, el texto estipula que en los centros de menores “hay una violación sistemática a los derechos de éstos” y entrega una serie de propuestas para mejorar la protección de niños vulnerables.
El informe único fue coordinado por el presidente de la comisión, Ramón Farías (PPD), quien llevó adelante las gestiones para un texto de consenso entre los diputados de la Nueva Mayoría, Chile Vamos y el independiente René Saffirio.
El documento, de 125 páginas, profundiza en las responsabilidades de las autoridades que han pasado tanto por el Ministerio de Justicia como el Servicio Nacional de Menores.
“En este sentido, es nuestro deber hacer presente que durante el transcurso del funcionamiento de esta instancia algunos personeros de gobierno no aportaron datos precisos o relevantes sobre lo que en los centros dependientes del Sename realmente ocurría”, se lee en el texto.
Esa crítica apunta a los ex ministros de Justicia de 2014 a 2017 -cartera de la cual el Sename depende-, José Antonio Gómez, Javiera Blanco y Jaime Campos.
Sin embargo, el informe hace un duro análisis de la gestión de la crisis del Sename a la ex ministra Blanco, hoy consejera del Consejo de Defensa del Estado: “Durante la gestión de la ex ministra Blanco, la crisis del sistema de protección se profundizó y su nula capacidad de reacción nos permiten sindicarla como una de las mayores responsables de lo que hoy ocurre en el servicio y en el sistema de protección”.
Fue durante la gestión de Blanco que se produjo la muerte de la menor Lissette Villa, que dio paso a una serie de recriminaciones a las autoridades a cargo del servicio.
“La permisividad de los ministros de Justicia, y particularmente de Javiera Blanco, de allanarse al ingreso al servicio solo en razón de la militancia y en desmedro de la posibilidad de cumplir los fines institucionales, podrían constituir una transgresión al principio de probidad, en tanto guardaron un silencio cómplice y en gran medida consintieron con esta política del “cuoteo” para resguardar los equilibrios de la coalición gobernante”, se lee en el informe. ●