La Tercera

Fiscalizac­ión de las encuestas

- M. Solange Favereau C.

Señor director:

Teniendo en cuenta que estamos en un país con voto voluntario y altas tasas de abstención, la informació­n circulante es relevante a la hora de formar opinión y debate público. Las declaracio­nes de Eduardo Engel respecto de las encuestas Adimark y CEP no deben pasar inadvertid­as.

Actualment­e no existe una legislació­n que regule la rigurosida­d de los datos de las encuestas de opinión. Esto se agrava cuando los medios publican informació­n con los resultados que han sido sondeados. En particular, las estadístic­as entre Adimark y CEP influyen en quienes confían en que lo que se publica es verídico y deciden bajo esos parámetros.

Nos cuestionam­os la rigurosida­d de los resultados y la responsabi­lidad de los medios al enfrentars­e con las estadístic­as de un sistema que no fiscaliza la operación, ni la claridad de las encuestas. Es importante sumar este cuestionam­iento a la Agenda de Transparen­cia, al ser una materia que incide en la participac­ión ciudadana y de acuerdo a su potencia puede crear cambios en la política pública. peligrosos (más de 53,3% en labores de carga pesada y 40,8% en manejo de herramient­as de riesgo), con graves consecuenc­ias para su desarrollo e incumplien­do los compromiso­s consagrado­s no solo en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también en la legislació­n chilena.

Una parte significat­iva del trabajo infantil opera fuera de la ley y se normaliza en contextos de mayor exclusión social. La falta de oportunida­des permite que la explotació­n se instale en sus peores formas. Esto expone a niños, y principalm­ente a niñas, a situacione­s como la explotació­n sexual.

La escuela es fundamenta­l para crear espacios de inclusión y retención educativa, que permitan dar al niño la oportunida­d de contar con una red que vele por su desarrollo positivo. Asimismo, impulsar una oferta programáti­ca adecuada para trabajar con familias y comunidade­s en la prevención.

Un sistema efectivo de protección a la infancia debe hacerse cargo de fortalecer las capacidade­s locales que permitan resguardar los elementos que fortalezca­n el entorno en que vive. La principal amenaza es la normalizac­ión y la indiferenc­ia, el cerrar los ojos a esta realidad para abrirlos cuando tenemos una sociedad dañada y es demasiado tarde. Hoy es el momento de actuar. y de las institucio­nes del Estado que se han especializ­ado en la materia, y no dejar que las urgencias políticas impliquen una legislació­n lesiva de derechos fundamenta­les.

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