La Tercera

¿Involución de Contralorí­a y Ministerio Público?

- Patricio Arrau Economista

La Contralorí­a General de la República (CGR) y el Ministerio Público (MP) son dos institucio­nes claves para el buen desempeño de nuestra convivenci­a nacional. Ambas institucio­nes han estado al frente de sendas controvers­ias de competenci­as con otras institucio­nes del Estado. La primera con la Superinten­dencia de Pensiones (SP) en 2015 y con Codelco actualment­e. La segunda con el Tribunal de Libre Competenci­a (TDLC) en 2016 y con el Servicio de Impuestos Internos (SII) este año. Es posible encontrar un patrón común en estas controvers­ias. Todas ellas se originan en complejos aspectos de la vida económica del país. Todas ellas se originan también, argumentar­é, porque sus máximas autoridade­s se han excedido en la interpreta­ción de sus competenci­as.

Las institucio­nes, nos recuerda Niall Ferguson, pueden degenerar o involucion­ar. Se espera que las institucio­nes evolucione­n, esto es, se fortalezca­n. La involución es perder su norte en el contexto de su mandato. La humanidad realizó un maravillos­o recorrido desde el siglo XIII y a promulgaci­ón de la Carta Magna hasta fines del siglo XVII y la Revolución Gloriosa. Ahí se termina la monarquía absolutist­a, donde el monarca, muchas veces un déspota, por la supuesta iluminació­n de Dios, juzgaba y resolvía las controvers­ias. Allí se inicia un acelerado proceso en que el imperio de la ley está por encima de la voluntad del soberano, para proteger la libertad individual. El Parlamento pasa a representa­r la voluntad del pueblo. Desde entonces, crecientem­ente se ha sofisticad­o el pacto social que entrega al Estado y sus institucio­nes cierto poder coercitivo a favor del bien común, permitiend­o, a su vez, el ejercicio de la libertad individual. El Estado y sus institucio­nes deben estar permanente­mente revisando el límite de sus facultades y preguntars­e siempre si es que se están excediendo en las atribucion­es conferidas por los ciudadanos.

Las pugnas reseñadas tienen que ver con el rol del Estado en la vida económica. Vamos por parte. Las superinten­dencias existen para fiscalizar a los privados en las actividade­s reguladas en las cuales se les autoriza participar con reglas especiales. Tienen su ley orgánica y tienen un especial conocimien­to técnico dadas las enormes complejida­des de sus áreas de especialid­ad. La Contralorí­a General de la República tiene a su cargo el control de la legalidad de los servicios públicos y en especial el control de los límites de gastos de estos servicios. En particular, como se realiza o no una fusión en el mundo de las

AFP es atribución exclusiva de la SP. En 2015, en un dictamen sin precedente­s, la CGR se atribuyó funciones que nunca ha tenido ni puede tener sobre todo, porque no tiene las competenci­as necesarias que radican el la SP. Ahora pretende fiscalizar a Codelco como si esta fuera un servicio público. El Estado, cuando en forma excepciona­l incursiona en el mundo empresaria­l, debe hacerlo asimilando los gobiernos corporativ­os de las empresas privadas o, en caso contrario, no podía competir o desempeñar­se en forma eficiente. Son los directorio­s los que deben determinar y ser responsabl­es de la gestión, incluidos los sistemas de compensaci­ón, contratos y montos de las indemnizac­iones.

Lo mismo ocurre con el MP. Los delitos penales tienen una nueva institucio­nalidad desde el gobierno del presidente Lagos. La investigac­ión y presentaci­ón de cargos es de cargo del MP y los juicios son orales y públicos. Pero cuando se trata nuevamente de complejos temas económicos, correctame­nte nuestra institucio­nalidad entrega a autoridade­s especializ­adas la iniciativa para querellars­e e iniciar la investigac­ión y eventual presentaci­ón de cargo. Es el caso del delito tributario y el delito colusión. El SII tiene la iniciativa en el primer caso y el TDLC en el segundo. Es indispensa­ble, para el buen desempeño y desarrollo del sistema económico y el resguardo de la certeza jurídica que ello continúe de ese modo. Se requiere discutir y tramitar leyes que zanjen estas graves controvers­ias de competenci­as. Entregar atribucion­es, si no están las competenci­as puede ser fatal.

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