Una ley que no debe esperar
Señor director:
El proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública vive momentos decisivos. Mientras la discusión avanza en el Senado, la consulta realizada por el Magisterio mandata a su directiva a gestionar modificaciones relevantes a la propuesta.
La aprobación de esta ley es impostergable. Nuestra educación pública lleva más de 30 años administrada por los municipios, los que no han contado con las capacidades necesarias para gestionar el área y han recurrido a recursos comunales para sustentar los colegios, reproduciendo la inequidad territorial del país.
Por eso, esta es la propuesta más completa desde el retorno a la democracia. Se crea un sistema donde Servicios Locales públicos y descentralizados tendrán la responsabilidad financiera y técnicopedagógica de los colegios; donde el Ministerio asume la responsabilidad política de la gestión (hoy diluida entre el propio Ministerio y los 345 municipios); y donde la Agencia velará por la calidad de la educación desde una mirada territorial, monitoreando el desempeño de cada Servicio.
El proyecto da pasos importantes en materia de financiamiento y participación, pues asegura recursos basales para los Servicios e incorpora la voz de la comunidad escolar en las decisiones. Asimismo, se discute la eliminación del cierre de colegios como medida sancionatoria del bajo desempeño, generando otro tipo de responsabilización.
Es innegable que quedan desafíos (como modificar del sistema de financiamiento); que deben asegurarse espacios de autonomía para los directivos; y que la transición debe ocuparse de las condiciones laborales y de las deudas que hoy tiene el sistema. Pero estos elementos no deben frenar el proyecto.
Después de un año y medio de discusión debemos reunir esfuerzos para una pronta aprobación de la ley. No habrá calidad si no contamos con condiciones para la gestión pedagógica de las salas de clases.