Las propiedades que vendió el PC

Se trata de 80 departamentos ubicados en un edificio en calle Carabineros de Chile (ver fotografía). Otros dos departamentos en calle Los Estanques, y una propiedad en Ricardo Lyon. Además, el PC poseía otros 14 departamentos de un edificio de calle Fernando Rioja en la comuna de La Cisterna. El PC poseía estas vivienda a través de acciones en Inmobiliaria Araucaria SpA. del PC, Ricardo Castro, y un ingeniero comercial no militante, Pablo González. La empresa, creada especialmente para realizar esta compra, es representada legalmente por un integrante del Comité Central del partido y que estuvo a la cabeza del proceso de refichaje, Ricardo Solé.

La relación de los compradores con el PC generó suspicacias en algunos sectores, ante la idea de que la transacción se tratara de un contrato entre el PC y compradores “palos blancos”. De ahí que la oposición se activara en torno a que los hechos sean investigados y, tal como el PRI acudió con querella al Ministerio Público, la UDI y RN llegaron hasta el Servel para estampar una denuncia.

Pese a que la querella en fiscalía apunta a la existencia de presuntos delitos de estafa, contrato simulado y falsificación, los persecutores además indagan la posibilidad de que la transacción haya vulnerado la Ley de Partidos. Esto porque, según el artículo 35 ter de la Ley Orgánica Constitucional 18.603, los partidos “no podrán celebrar contratos a título oneroso en condiciones distintas de las de mercado, o cuya contraprestación sea de un valor superior o inferior al de mercado”.

La fiscalía indaga entonces por qué el contrato celebrado entre el PC y Sociedad Inversiones Progreso SpA se realizó respecto del avalúo fiscal de las propiedades y no comercial. Esto, según el contrato, por un monto exacto de $ 3.086 millones, monto que tras ser repactado aumentó a cerca de $ 3.500 millones.

Servel activa indagatoria

Tanto la directiva del Partido Comunista como la del Partido Socialista deberán responder al “traslado” que el Servel oficiará en los próximos días. Esto es, entregar sus descargos por las denuncias interpuestas en su contra. Según explicó el director del Servicio, Raúl García, esa petición se circunscribe dentro de la apertura de un proceso sancionatorio en contra de ambos colectivos. “Corresponde abrir procesos sancionatorios, dentro de los cuales, como parte de la investigación, se les dará traslado a los partidos dentro de los próximos días”, dijo a

el director.

Para el caso del PS, figuras de Chile Vamos denunciaron que el colectivo socialista habría confeccionado un mandato para administrar su patrimonio fuera de plazo. Luego de que una investigación periodística diera a conocer que había tenido inversiones en SQM, entre otras empresas, los dirigentes PS decidieron precisar a los administradores de su patrimonio aspectos restrictivos para invertir.

Según se dio a conocer, estas medidas apuntan a que prevalezcan principios de actuación en torno a la protección de los derechos de trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la promoción de la probidad y la transparencia.

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