Responsabilidad del Estado en crisis del Sename La comisión investigadora de la Cámara de Diputados dejó en evidencia el grave daño que el cuoteo político y manejo poco responsable de autoridades han provocado en el sistema de protección de menores.
LA COMISIÓN investigadora de la Cámara de Diputados constituida para investigar la situación del Servicio Nacional de Menores conocida como Sename II-, entregó su informe final, aun cuando no estuvo exento de polémica en una primera instancia, cuando se pretendió asignar responsabilidad política a los cargos sin señalar los nombres de quienes los ejercían, lo que llevó a postergar la votación en la comisión. El informe, resultado de indagaciones, investigaciones y entrevistas que se extendieron por más de un año -y que deberá ser votado en sala-, asigna responsabilidad al Estado en relación a las muertes y abusos ocurridas en contra de los menores al interior de instalaciones del Sename y de instituciones colaboradoras que se encontraban bajo su supervisión, como asimismo responsabilidad política a ex ministros de justicia -entre ellos, la extitular de Justicia Javiera Blanco- y a quienes estuvieron a cargo del servicio.
Es destacable el trabajo desarrollado por la comisión en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, para transparentar la situación de los menores vulnerables que se encuentran bajo protección y hacer propuestas concretas encaminadas a corregir la operación del Estado en la observancia de sus obligaciones básicas en esta materia. Sus conclusiones son ilustrativas en cuanto al escandaloso nivel de abandono en que ha caído este servicio, precisamente por la desidia del Estado y la irresponsabilidad de quienes debían velar por el cuidado de los menores. Esta dolorosa situación se refleja en toda su magnitud ante los 1.300 menores fallecidos a lo largo de una década, abusos, redes de prostitución, entre otras graves anomalías. El propio informe consigna “algunos personeros de gobierno no aportaron datos precisos o relevantes sobre lo que en los centros dependientes del Sename realmente ocurría”, lo que deja de manifiesto la poca trascendencia que se asigna a la delicada labor del Servicio.
Resulta pertinente la asignación de responsabilidad política con que concluye la comisión, aun cuando no se consignan los nombres de todas las autoridades responsables, pues se trata de una realidad que era ampliamente conocida y prolongada en el tiempo. Los mismos informes de la Corte Suprema de los años 2013 y 2016, fruto de las visitas inspectivas de los jueces, constaban las condiciones deplorables de las instalaciones y escasez de personal calificado, entre otras deficiencias, que daban cuenta de la necesidad de cambios no solo estructurales, sino que urgentes en la gestión, y que debieron haber impulsado a las autoridades cuestionadas a realizar reformas de fondo a la institucionalidad.
Sin embargo -y tal como nuevamente deja de manifiesto el informe de la comisión-, el camino elegido fue transformar al Sename -y por ende el cuidado de los menores que están tras la institución- en un blanco del cuoteo político, sin evaluar adecuadamente las consideraciones de competencias de sus equipos y responsables, que permitieran una adecuada observancia de sus obligaciones, de la misión que el mismo Servicio tiene y del debido respeto de los derechos humanos de quienes estaban bajo su protección. Pese al evidente fracaso estatal a cargo del Sename, sorprende que el gobierno no acelere la tramitación de las medidas legislativas presentadas hace tiempo para impulsar cambios estructurales.