PARA ENTENDER
El 27 de enero, Trump
firmó una orden ejecutiva para impedir el ingreso a EE.UU. de ciudadanos de siete países musulmanes.
Cortes de apelaciones bloquearon la aplicación
del veto, por lo que Trump firmó otra orden y sacó a los iraquíes de
la prohibición.
Tribunales federales volvieron a paralizar el
veto, pero la Corte Suprema permitió ayer su aplicación hasta que
vea el caso. musulmana: Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.
La semana pasada, Trump afirmó que la orden podría entrar en vigor en 72 horas si las cortes levantaban el bloqueo que había impedido su implementación. De esta forma se espera que el veto se haga efectivo el jueves, aunque el Departamento de Seguridad Nacional se limitó a decir en un comunicado que “dará detalles adicionales sobre su implementación” después de hacer las consultas pertinentes con los departamentos de Justicia y de Estado.
Trump trató de imponer su veto por primera vez el 27 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva que entró en vigor de manera inmediata y gatilló una ola de inquietud en parte del mundo. Sin embargo, el veto fue bloqueado por la Justicia y, en respuesta, el 6 de marzo, Trump firmó una nueva orden que, a diferencia de la anterior, dejaba fuera de la prohibición a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre refugiados sirios al impedir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
Esa segunda orden nunca llegó a entrar en vigor porque fue bloqueada primero por jueces en Hawai y Maryland y, luego, por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Cuarto, en Richmond (Virginia), y el Tribunal del Distrito Noveno, con sede en San Francisco (California).
Estos tribunales de apelaciones consideraron que el veto podría suponer un abuso de poder del Presidente y porque supuestamente discrimina a los musulmanes como minoría religiosa, lo que viola la Constitución de EE.UU. Frente a esos argumentos, el gobierno ha defendido en todo momento que el veto fue proclamado dentro de la capacidad que la Constitución otorga al mandatario para decidir sobre asuntos de seguridad nacional.b