Un fallido plan para La Araucanía El conjunto de propuestas que ha presentado el gobierno no aborda las problemáticas más críticas derivadas del conflicto indígena.
LA PRESIDENTA de la República dio a conocer recientemente su plan integral para La Araucanía, el cual contempla una batería de propuestas que buscan una reparación y reconocimiento al pueblo mapuche, el desarrollo de la región y protección y apoyo a las víctimas de la violencia. A pesar de ser un documento largamente aguardado -que recogió las conclusiones de la comisión asesora presidencial cuyo informe fue entregado en enero pasado-, terminó siendo un documento de escaso alcance que defraudó las expectativas de los distintos sectores, incluidos representantes indígenas, porque en definitiva no aborda en profundidad ninguna de las temáticas que resultan más críticas.
No cabe duda de que una materia de vasta complejidad histórica y política como el llamado conflicto mapuche, requiere medidas de muy largo alcance que exceden a un gobierno en particular. El gesto de la Mandataria de pedir disculpas al pueblo mapuche “por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado” -junto con reconocer que “hemos fallado como país”-, es un hecho que si bien puede contener una alta carga simbólica, parece desdibujarse frente a la decepción que provoca un conjunto de medidas cuyo conjunto es insuficiente y parece evocar un ánimo de cumplir con una promesa electoral antes que un plan de fondo.
Hay dos problemas que son evidentes cuando se aborda La Araucanía: la deuda histórica que reclaman las comunidades indígenas, y el grave socavamiento del estado de derecho, reflejado en la escalada de violencia que se vive en la zona, con grupos armados actuando impunemente y cuyo accionar -que en algunos casos ha incurrido en la figura terrorista- ha sumido en el temor a muchos de sus habitantes, generando un cuadro de tal anormalidad que es la única zona del país que la Mandataria ha visitado escasas veces en su condición de gobernante.
La falta de foco en la problemática de la violencia queda reflejada en que entre las medidas propuestas figura que la Subsecretaría de Prevención del Delito implementará un plan para la recuperación económica de personas afectadas por la violencia rural. Además de ser una figura algo ambigua en cuanto a sus finalidades, la “recuperación económica” actúa sobre hechos ya consumados, en circunstancias que la mejor y más efectiva seguridad es la actuación preventiva del Estado para asegurar que la violencia criminal no tenga espacio. Su incumplimiento es también una grave falla del Estado, y es lamentable que no se reconozca así.
Sin estado de derecho efectivo, es inviable que en la región se den las condiciones para que exista una reactivación vigorosa de su economía. Las medidas como la creación de un Instituto de Desarrollo Cooperativo, o la fuerte inversión en obras públicas -ambos son parte de la reciente propuesta presidencial-, son medidas que por sí mismas no son suficientes para crear un polo de auténtico desarrollo si es que no van acompañadas de mayores certezas por parte del Estado.
La solución en La Araucanía supone abrir un debate político de largo alcance, donde no solo se aborden materias como el reconocimiento constitucional o eventualmente asegurar cuotas de representación parlamentaria a los pueblos indígenas, sino también un nuevo sistema de compra y entrega de tierras y en general un profundo cambio de actitud del Estado hacia los pueblos originarios. Las propuestas del gobierno lamentablemente no permiten iniciar esta discusión.