No aprobemos la reforma “a la carrera”

EN LA discusión sobre varios proyectos de ley, ya sean textos en el Congreso o ideas para elaborar un proyecto, se ha tendido a producir una conversación entre sordos, sin que se entienda el lenguaje de señas ni la lectura de labios. Casi nadie escucha al otro, menos si ese otro tiene planteamientos diferentes a los nuestros. En rigor, no han existido diálogos, en el sentido de contraponer ideas y someterlas al análisis. En el gobierno se partió con un diagnóstico equivocado que los parlamentarios dieron por cierto.

En este contexto, hemos comprobado en el Congreso un modo muy inapropiado de aprobar, a toda carrera, una legislación de gran importancia como es la reforma a la educación superior, sin mayor posibilidad de reflexión ni revisión a fondo de cada frase, que es lo que corresponde al trabajo de una Comisión.

Respecto al Cruch, es de enorme importancia constatar las condiciones para solicitar la incorporación, pues a este Consejo le corresponde asesorar y formular propuestas al Ministerio de Educación en las políticas públicas, conforme a su estatuto orgánico; por lo tanto, es la única voz universitaria reconocida en el sistema para relacionarse formalmente con el gobierno. Por eso es tan incomprensible que supedite ese ingreso a tener la trayectoria de las características de las integrantes de este organismo (¿?), y una condición voluntaria, como la gratuidad. Como ha ocurrido con frecuencia en la tramitación de este proyecto de ley, el texto es confuso y arbitrario, además de discriminatorio.

Por otra parte, no se ha señalado qué pasaría con otras funciones del mismo Consejo, como la complejísima e infructuosa tarea de determinar las necesidades nacionales de profesionales y de técnicos, que serían funciones de la Subsecretaría de Educación Superior, un nuevo organismo creado con un presupuesto insuficiente para cumplir sus funciones.

En tanto, la eventual eliminación del CAE fue aprobada luego de una sesión de 23 horas en la Comisión de Educación de la Cámara, sin tener un sistema de reemplazo. El propio gobierno la rechazó haciendo una reserva de constitucionalidad. Creo que esto no debería preocuparnos demasiado porque tendrá que existir un mecanismo que lo sustituya; salvo que se pretenda producir una disminución de unos 200 mil universitarios del sistema. Dudo que estén pensando en eso los parlamentarios que votaron favorablemente por esta idea.

Se ha creado un ambiente con exceso de declaraciones rimbombantes, basadas en un diagnóstico parcial y sesgado sobre las universidades del país. No se analizan los datos existentes ni los estudios académicos disponibles; las políticas concretas y los proyectos de ley mezclan factores, lo que hace perder el objetivo inicial de mejorar la calidad y las oportunidades. Ello, como ejemplo, es evidente al definir que la gratuidad es un factor para ingresar al Consejo de Rectores, pese a que adscribirse a este mecanismo es voluntario. Lo mismo en una propuesta de asignación de campos clínicos, que además no considera que más de la mitad de los profesionales del área de la salud se titulan cada año en universidades privadas.

Falta diálogo verdadero y sobra desconocimiento. La RAE define diálogo de besugos, como una conversación absurda y sin sentido, y diálogo de sordos como una conversación en que ninguno de los interlocutores parece escuchar al otro. En diversas ocasiones, conversando con autoridades del gobierno y parlamentarios, me he sentido teniendo un diálogo de besugos. Otras, un diálogo de sordos.