Una actuación que desprestigia al Congreso La precipitada forma en que se ha tramitado la reforma a la educación superior se suma a otras leyes emblemáticas aprobadas de forma desprolija.
LA SEMANA pasada la Comisión de Educación de la Cámara de diputados concluyó la tramitación del proyecto de ley sobre educación superior. Entre los temas aprobados estuvieron los artículos que disponen sanciones al lucro, mayores exigencias en la acreditación de las instituciones y cambios al sistema de admisión a la educación superior, que ahora quedará en manos de una Subsecretaría de Educación Superior y no del Consejo de Rectores.
Una vez más, la necesaria discusión política de un proyecto de ley emblemático –no solo para esta administración, sino para el país por las graves consecuencias que puede acarrear un mal diseño- se vio empañada por una sesión precipitada, con una extensión maratónica de casi 24 horas seguidas, todo lo cual atenta contra el análisis acucioso que demanda una iniciativa legal de estas características y cuyos impactos alcanzan a una gran mayoría de familias chilenas. Pero incluso durante la votación algunos parlamentarios se dieron un “gusto” político, al proponer y aprobar una indicación que elimina el Crédito con Aval del Estado (CAE) en 2019, con el fin de enviarle una señal al gobierno, el cual hizo reserva de constitucionalidad de la medida para poder apelar al Tribunal Constitucional.
La evidente desprolijidad con que se aprueban varios proyectos de ley en la Cámara de Diputados, se intenta soslayar con la esperanza de que los eventuales errores sean corregidos en su paso por el Senado. Sin embargo, la experiencia reciente en varias reformas discutidas en el parlamento derriba la idea inocente de que una vez concluido los trámites legislativos, se cuente con un texto legal armónico, robusto y jurídicamente irrebatible.
Por ejemplo, en su paso por la Comisión de Hacienda de la Cámara, la reforma tributaria fue escasamente analizada y aunque se le hicieron cambios durante la discusión en el Senado, al año siguiente el gobierno tuvo que enviar otro proyecto de simplificación tributaria para corregir una ley hecha sobre la marcha. Similar suerte corrió la reforma laboral, ya que luego de efectuado el trámite legislativo fue impugnada en el Tribunal Constitucional. Tras el fallo del TC, el nuevo código laboral deja en la ambigüedad aspectos claves de la negociación colectiva, como son las reglas de los grupos negociadores, el alcance de los servicios mínimos y los efectos que tiene la incorporación de nuevos trabajadores al sindicato, entre otros. En todos estos casos la Dirección del Trabajo ha debido emitir dictámenes buscando aclarar el contenido de la ley, muchas veces sin éxito.
Más recientemente, el proyecto que busca fortalecer al Sernac -y que ha despertado cuestionamientos de fondo de las organizaciones de consumidores, abogados expertos en derecho de consumo, académicos y gremios empresariales- ha logrado sortear la discusión en la Cámara de Diputados y varios pasos en el Senado sin aún ver los cambios indispensables que requiere la iniciativa. Dado lo anterior, la Comisión de Constitución tiene la oportunidad de corregir los aspectos estructurales del proyecto.
Es inaceptable que el proceso legislativo dé espacios para una discusión improvisada o desprolija o se utilice para saldar deudas políticas, contribuyendo a acrecentar el ya deteriorado desprestigio del Congreso, que de acuerdo con distintos sondeos figura entre las instituciones peor evaluadas del país.