Políticas antidelincuencia

HACE UN año entró en vigencia –como parte de la agenda Corta Antidelincuencia- la ley que establecía el Control Preventivo de Identidad como una herramienta que otorga facultades para que Carabineros y la Policía de Investigaciones, en cumplimiento de sus funciones de resguardo del orden y seguridad pública, pudieran verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en la vía pública, en lugares públicos o en aquellos privados pero de acceso público, sin necesidad de que hubieren indicios de que se hubiere cometido un delito o que se dispusiere a cometerlo, como se exigía hasta esa fecha. Con ello se pretendía facilitar la persecución de quienes tenían órdenes de detención pendientes.

Sin perjuicio de que en los primeros nueve meses de funcionamiento esta vía preventiva permitió a la policía uniformada la detención de más de 61 mil personas, y a la PDI del orden de 1.700 (hasta mayo), y que los temores existentes en cuanto a que se abría un espacio para los abusos no se verificaron, sería conveniente poder disponer de una información más detallada de la que actualmente se accede, para despejar cualquier duda respecto de la eficacia y no discriminación de este instrumento, puesto que la evidencia acumulada en este escaso tiempo no es concluyente sobre sus costos y beneficios.

Es necesario considerar que la evaluación de esta medida debe hacerse en el contexto de la política que el Estado desarrolla en el combate y prevención de la delincuencia, y no como un esfuerzo aislado. El verdadero acierto de ésta y las demás medidas estará dado cuando los índices de victimización -tanto de personas como de los hogares- confirmen una sostenida tendencia decreciente, y que las tasas de denuncias por los delitos de mayor connotación social muestren bajas sostenidas en el tiempo, lo que aún no sucede.

Hemos reiterado, una vez más, la urgencia de un diálogo creíble entre el gobierno y la oposición (en Venezuela). Las horas y los días se van acabando”.