Cambio en aranceles de referencia

LA POLÍTICA de gratuidad significó, entre otros problemas, aumentar significativamente la importancia de los aranceles de referencia (AdR) –monto máximo que paga el Estado por cada estudiante matriculado en las instituciones de educación superior-, ya que los planteles perdieron la posibilidad de fijar sus propios aranceles para todos los alumnos que reciben algún tipo de ayuda estudiantil.

Para paliar los déficits que produjo en las universidades adscritas a la gratuidad, especialmente entre las más complejas y las que carecen de aportes estatales, el gobierno modificó la fórmula de cálculo de los AdR. Sin embargo, el actual contexto amerita una revisión más profunda.

El actual modelo agrupa a instituciones similares y fija los AdR observando el valor de carreras equivalentes para cada grupo antes descrito. Dicha agrupación depende, esencialmente, de la productividad científica, desconociendo que gran parte del sistema se ha enfocado en formar profesionales para el mundo del trabajo. De este modo, parece necesario avanzar hacia un sistema que pague por los resultados que obtengan las instituciones de acuerdo a sus propias misiones. Por ejemplo, ponderando más la productividad académica en el caso de las instituciones complejas, y empleabilidad e ingresos en el caso de las instituciones docentes.

Cabe recordar que de no existir la gratuidad, una fijación de aranceles sería innecesaria. El hecho de que las familias no vean un precio asociado a los estudios genera incentivos perversos, ya que las instituciones podrían incrementar sus precios sin mayor restricción, de ahí la necesidad de fijarlos. En cambio, al pagar directamente o vía créditos, las familias evalúan el retorno esperado de los títulos entregados por distintas instituciones, evitando que se cobren precios por sobre el valor que entregan a sus egresados.

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