Clonaciones de tarjetas
Señor director:
El 10 de julio, la portada de
advierte que “clonaciones de tarjetas y hackeos se multiplican”. Aunque no se precisan periodos, al interior del diario se clarifica que la información corresponde a 2010-2016. Desafortunadamente, en el artículo no fue posible incorporar el trabajo que ha desarrollado el gobierno y el sector privado para hacerse cargo de estos fenómenos, y que comienza a exhibir sus primeros resultados.
El uso de tarjetas como medio de pago ha aumentado significativamente. En 2010 había 16,1 millones de tarjetas de débito y crédito en Chile, mientras que en 2016 la cifra ascendió a 34 millones. En las transacciones el incremento es mayor. Solo las tarjetas de débito han experimentado un aumento de más de 300%, de 183 millones de transacciones en 2010 a 739 millones en 2016. El Ministerio del Interior, la Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos y las policías formaron una mesa de trabajo para fortalecer las medidas de seguridad y minimizar los riesgos de clonaciones o usos fraudulentos de tarjetas.
Con la colaboración público privada, campañas educativas, nuevas tecnologías y coordinación policial, este año por primera vez en la década, las cifras de clonación y uso fraudulento de tarjetas retroceden. En enero-mayo de 2017 se registró una disminución de 10,3% en el número de casos, en comparación con igual lapso de 2016.
Combatir los ciberdelitos ha sido prioritario para el gobierno. En abril, la Presidenta Michelle Bachelet lanzó la Política Nacional de Ciberseguridad y promulgó la suscripción de Chile al Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad. Próximamente el gobierno presentará una actualización de la legislación -que data de 1993- para sancionar delitos informáticos y avanzamos en la normativa que asegure la disponibilidad de comunicaciones a través de la red para las investigaciones penales.
Estos avances han sido posibles gracias a un trabajo colaborativo de la institucionalidad pública y del sector privado que es necesario fortalecer y consolidar. Mahmud Aleuy Peña y Lillo
La Tercera
Es curiosa la crítica por dos razones.
La primera es que pareciera negar una realidad evidente: los derechos humanos de muchos niños han sido vulnerados por el Estado –su protector- en especial, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la no discriminación arbitraria, y la prohibición de violencia y maltrato, entre otros. La segunda es que olvida que el propio informe de la primera Comisión Investigadora del Sename de 2014, expresamente hablaba de la responsabilidad internacional del Estado por la infracción de los derechos humanos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, y de las Directrices de Naciones Unidas sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños. De ese modo, como constató el segundo informe, la situación de violaciones a los derechos humanos se mantiene, y no ha ocurrido ninguna consecuencia jurídica para el país por aquella inexcusable negligencia.
Invito al ministro a admitir dicha realidad y a realizar las acciones concretas indispensables para el bien de los niños vulnerados. interviene cuando en muchas familias y organizaciones, la vulneración de derechos se da como práctica naturalizada. En esto tienen mucha responsabilidad organismos que ven una oportunidad de lucro, buscando perpetuar artificiosamente las condiciones de vulnerabilidad. Hay organizaciones colaboradoras que trabajan bien, pero operan en un sistema que debe ser corregido desde sus bases. El silencio o la aceptación pasiva del status quo es signo de complicidad.
Los legisladores hacen fuego cruzado buscando culpas, mientras la principal ceguera sigue siendo no ver a los niños como sujetos de derecho. Y si en este lamentable episodio rasgan vestiduras frente a un sistema abusivo, es legítimo pedir coherencia cuando se trata de ver también a los niños que están por nacer, que necesitan más que nadie la protección del Estado y de la sociedad.
Andrés Moro V.
Una vez más somos testigos de un brutal caso de violencia contra la mujer en nuestro país, y de cómo es minimizada, invisibilizada y en algunos casos justificada.
Más que nunca es necesaria una ley contra la violencia a la mujer que eleve las sanciones y contenga medidas concretas de protección. Sin embargo, la tramitación del proyecto de ley presentado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género contra este tipo de violencia se encuentra suspendida. Dicha iniciativa no cuenta con ninguna urgencia desde su ingreso en enero, y no ha sido votada aun en general en la comisión respectiva, algo impresentable.
Esperamos que la sentencia aludida contribuya a retomar la discusión sobre este proyecto, logrando su pronta aprobación, para que así podamos avanzar en la protección de mujeres como Nabila y otras, cuyos derechos se ven vulnerados a diario.
Simona Canepa Aravena
Subsecretario del Interior
Vicario para la Educación Arzobispado de Santiago
Asesora legislativa
ONG Comunidad y Justicia