Para que (no) gane

AL COMIENZO, la razón fue “para que gane”. Era lo único que importaba, y para determinar quién sería, el instrumento de selección no fueron sus propuestas sino las encuestas. ¿Allende? No. ¿Insulza? No. ¿Lagos? No. No marcan. ¿Y entonces quién? El que digan las encuestas. Bueno, Guillier. Es el único candidato solo explicado por encuestas. Piñera era conocido como opción antes de la primera encuesta; Beatriz Sánchez no existía en ellas antes de ser nominada y Goic fue designada por su partido desafiando encuestas.

Marcar en las encuestas es, obvio, un factor a tomar en cuenta. Pero las encuestas lejanas a las elecciones no marcan opción de voto sino atracción inicial, novedad, etcétera. El grueso decide por quien votar, más cerca de las elecciones, y allí la opción es menos de “tincada”. Es sobre quien me conviene que gane, quien lo hará mejor, quien me da más seguridades. Y por ende una elección inteligente de candidato considera, mucho más que una encuesta lejana que corre riesgos de ser “partida de caballo inglés y llegada de burro”, la capacidad del candidato y de quienes lo rodean para construir imagen de gobernabilidad entre los días de lanzamiento y aquellos en que el grueso de la ciudadanía, antes absorta en otras preocupaciones, concluye que debe definir su opción presidencial.

En ese período el candidato se perfila. Se vuelve representante de un todo que talla su imagen día tras día con sus actos, declaraciones, propuestas, coherencias o incoherencias. No es solo culpa de él y de sus atributos que las encuestas hablan de un deterioro del candidato Guillier. Cuanta noticia emana de su entorno son discrepan- cias, desautorizaciones mutuas, carencias programáticas, acusaciones cruzadas, desplantes, declaraciones torpes luego desmentidas. No es precisamente gobernabilidad lo que transmiten.

Además, mientras las primarias probaron que existía un rechazo de lo existente más masivo y activo de lo previsto, su candidatura es la más fácilmente vista como continuidad de lo actual en un país que quiere cambios. Agreguemos que Guillier perdió el ala de centro de la Nueva Mayoría y, ateniéndonos a los números, quienes quieren revertir lo hecho son muchos más que los que quieren radicalizarlos.

Entonces, cambió el discurso. Pero igualmente referido a encuestas y ajeno a contenidos. Se llama a unir fuerzas en torno al que pase a segunda vuelta, sea cual sea, “para que no gane” el que va primero. Es de difícil éxito en destinatarios que quieren cambios a lo actual y entre los que ha primado la discordia. Unos, otrora unidos, ahora llevan dos candidatos y no pierden oportunidad de discrepar; otros, de inflamado discurso contra el “duopolio neoliberal”, deberán explicar a sus variopintos seguidores por qué uno de los dos es bueno. Entiendo la intencionalidad de ese “para que no gane”. Pero esgrimir ahora la unidad de la centroizquierda, sin propuesta alguna que la defina, suena poco creíble en boca de los mismos actores que la torpedearon. Fue su persistente desconsideración a ella la que los condujo al punto donde hoy se encuentran.

Esgrimir ahora la unidad de la centroizquierda, sin propuesta que la defina, suena poco creíble en boca de quienes la torpedearon.

EL PROBLEMA con el recinto penal de Punta Peuco no es que las condiciones carcelarias excedan los estándares internacionales, como era el caso del Penal Cordillera, que más parecía una colonia de vacaciones, sino que más del 99% de la población penal está en condiciones infrahumanas.

En este sentido, discrimina en favor de los ahí recluidos. Su cierre, por tanto, estaría justificado, aunque Chile debe avanzar decididamente en mejorar las condiciones carcelarias para todos; una tarea pendiente.

Un paso importante sería facilitar el ejercicio del derecho a voto de quienes no estén condenados a una pena aflictiva.

Las normas internacionales aplicables son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas de 1957, complementadas por las llamadas reglas Nelson Mandela de 2015 de las mismas Naciones Unidas.

En lo que toca a Chile, un documento del Instituto Nacional de Derechos Humanos dice: “La posibilidad de que personas que purgan condenas por esta clase de delitos puedan acceder a beneficios en la etapa de ejecución de la pena, no contraviene la obligación a cargo del Estado, consistente en investigar y a garantizar en todo tiempo y lugar el acceso a la justicia, incluida la determinación de responsabilidades penales y la consecuente aplicación de sanciones efectivas y proporcionales a la gravedad de los ilícitos perpetrados, que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario reclaman respecto de estos crímenes”.

Por lo tanto, la situación es la siguiente:

La justicia no excluye medidas de humanidad. Por ejemplo, las autoridades de la Alemania unificada liberaron a Honecker, en lugar de procesarlo por haber ordenado disparar a matar a quienes intentaran cruzar el muro de Berlín, pues la opinión médica era que moriría debido a un cáncer al hígado antes de terminarse el proceso.

Respecto de personas recluidas que se encuentran privadas de razón, debieran cumplir el resto de su condena en sus domicilios. Por ejemplo, una persona afectada de Alzheimer puede no saber quién

ABes ni dónde está. Esta regla favorece más a los familiares que a los reclusos, pues tienen la posibilidad de tener al recluso enfermo con ellos.

Los reclusos con enfermedades terminales no pierden por ello su capacidad de arrepentirse y de revelar la verdad de lo ocurrido. Plantear esta exigencia no es contraria a derecho, sino que cumple con los requisitos de la llamada justicia transicional.

Sobre los reclusos de edad avanzada, distintos países han adoptado diferentes soluciones, incluyendo el cumplimiento total de su condena en prisión. Soy de opinión de fijar, deliberativamente, una edad límite.

En nuestro país, la facultad de indultar es privativa del Presidente de la República. En suma, no se trata de venganza ni de rebajarse al nivel de los autores de crímenes contra la humanidad, sino de, precisamente, actuar con humanidad.

Por tanto, las declaraciones de la Presidenta Bachelet en el sentido de cerrar Punta Peuco y no descartar indultos, son ajustadas a derecho.

CDE