Nueva Región de Ñuble
EL CONGRESO Nacional finalmente despachó el proyecto de ley que crea la Región de Ñuble, una nueva unidad territorial que comenzará a funcionar como tal un año después. La nueva región –que se escinde de la actual Biobío- pasará a ser oficialmente la número XVI, su capital será Chillán, contará con tres provincias -Diguillín, Punilla e Itata- y congregará a poco más de 430 mil habitantes.
Aun cuando desde el punto de vista de los intereses de la población local la concreción de una nueva región aparezca como un sentido anhelo, es discutible que mediante la creación de nuevas unidades territoriales cada vez más atomizadas, se logre avanzar en una efectiva descentralización del poder y un fortalecimiento del desarrollo local. A mediados de la década de los 50, cuando comenzaron a trazarse los esbozos de lo que sería la futura división administrativa del país –en regiones y provincias- se apuntaba a la creación de “macro regiones”. A mediados de los 70 se dio forma final a esta estructura –con más regiones, aunque menores en tamaño-, pero conservando la noción de que abarcaran una zona territorial, poblacional y productiva de cierta relevancia.
Este concepto de regiones fuertes, capaces de hacer algún contrapeso al centralismo, se ha ido desdibujando en favor de criterios que apuntan a privilegiar la “identidad cultural” que, si bien legítima, es discutible que baste para justificar la existencia de más regiones. Su creación es desde luego onerosa en cuanto a la burocracia que requiere –la de Ñuble implicará un gasto fiscal permanente de unos US$ 24 millones anuales-, y a la luz de la escasa resonancia de otras regiones de reciente creación, como Los Ríos y Arica-Parinacota, su justificación no resulta evidente. En carpeta siguen los estudios para crear la región de Aconcagua y separar El Maule en Norte y Sur. A ellas se irán sumando otros petitorios. Es poco aconsejable seguir atomizando el territorio sin antes avanzar hacia una política integral de regionalización, que no solo abarque la elección de autoridades, sino también traspaso de competencias y recursos.
Es un informe (el del Sename) que no da cuenta de las cuestiones que de verdad se han hecho y pareciere ser que más bien había un prejuzgamiento”.