Propuestas para la protección del patrimonio
En las últimas semanas ha habido un intenso debate sobre declaratorias de monumento nacional de inmuebles cuyos propietarios cuentan con un anteproyecto o permiso de edificación ya aprobado para desarrollar en su lugar otros proyectos. Como gremio no cuestionamos las motivaciones de quienes promueven estas declaratorias. Están en su derecho. Lo cuestionable es que el Estado actúe en un sentido –al aprobar un anteproyecto o permiso de edificación– y luego sea el mismo Estado el que pretenda desconocer sus propios actos, dañando la estabilidad jurídica esencial para el desarrollo de cualquier proyecto de inversión.
Ahora bien, más allá de estos casos en particular, nos sumamos a quienes han sostenido que, salvo excepciones, las declaratorias patrimoniales inducen al deterioro del bien que se quiere proteger. ¿Por qué? Porque no van asociadas a financiamiento y porque, si bien es la sociedad la interesada en resguardar un inmueble, la carga de su conservación recae solo en su propietario. Además, la conservación patrimonial está regida por un marco normativo obsoleto y demanda la siempre difícil coordinación de múltiples instituciones, como gobiernos locales, organismos técnicos y ministerios.
Preocupado por estas falencias del sistema –y conscientes de que la protección del patrimonio arquitectónico es clave para la construcción de la identidad nacional– nuestro gremio ha desarrollado un conjunto de propuestas que esperamos contribuyan a una política sustentable de conservación patrimonial.
Entre sus aspectos centrales, creemos necesario comenzar porque se replantee el rol de Estado en esta materia, lo que significa que debe asumir los costos que ello implica y a partir de esta base evaluar qué y cómo conservar. Toda declaratoria, además, debiera ir asociada al financiamiento para la conservación del inmueble. Para ello se podría recurrir a aportes directos –contemplados en la Ley de Presupuesto– y a aportes indirectos, implementando medidas como crear una Ley de Donaciones específica para inmuebles patrimoniales de propiedad privada que cuenten con un plan estudiado de visita del público –y así permitir que empresas y personas puedan donar directamente a sus propietarios para conservación, mantención, reparación, restauración o reconstrucción–, activar un crédito tributario para la gestión de inmuebles patrimoniales o fomentar mecanismos de concesión cuando estos sean de propiedad fiscal, entre otras.
En paralelo, y para equilibrar la salvaguarda del patrimonio con el derecho de propiedad, el Estado tendría que hacerse cargo del costo de oportunidad generado al propietario y compensarlo para restituir su situación económica original, así como permitir que pueda exigir la expropiación obligatoria del inmueble. Desde el punto de vista normativo institucional, proponemos que se actualice el concepto de patrimonio y sus categorías y que se integren todas las categorías patrimoniales bajo un marco único.
El documento que contiene y desarrolla estas propuestas está disponible en nuestra página web (cchc.cl) y como gremio ofrecemos toda nuestra colaboración a las autoridades y la sociedad para avanzar hacia una política moderna y sustentable de gestión del patrimonio arquitectónico del país.