Consejo de Asignaciones objeta auditoría al Congreso
Organismo criticó informe del Comité de Auditorías y acusó “uso inadecuado de recursos” por parte de la instancia. Cuestionan fiscalización en “premium business” a Isla de Pascua.
Un duro oficio en contra del Comité de Auditoría Parlamentaria envió a ambas Cámaras el Consejo Resolutivo de Asignaciones del Congreso la semana pasada, instituciones creadas en 2011 para velar por el correcto uso de las asignaciones.
Según relata el documento, el 11 de julio pasado, el Consejo, integrado por el ex diputado Sergio Páez, el ex rector de la Universidad de Chile Luis Riveros, el ex presidente del Banco Central Vittorio Corbo y el ex subsecretario Segpres, Claudio Alvarado, dedicó toda su sesión ordinaria a analizar el informe que el Comité de Auditoria Parlamentaria había recién evacuado respecto de la gestión de senadores y diputados entre abril de 2016 y marzo de 2017.
Cada año, el Comité, compuesto por auditores expertos, realiza en forma aleatoria revisión del uso de asignaciones parlamentarias destinadas por el Estado a financiar la labor legislativa de senadores y diputados. Durante su creación, se designó a sus integrantes por un periodo de seis años, sin reelección, que culminó en marzo pasado.
Por su parte, el Consejo Resolutivo es la instancia que establece el marco general en que las asignaciones deben ser destinadas por los parlamentarios.
Tras recibir la última auditoría, el órgano resolutivo hizo ver en el oficio observaciones en las que no solo acusa a integrantes del Comité de incurrir en un uso inadecuado de recursos, sino, además, manifiesta incongruencias entre las conclusiones arribadas en la auditoría y la información revisada.
El Consejo hizo presente en su oficio que fueron los ex integrantes del Comité de Auditoría los encargados de realizar el último estudio. Es decir, los auditores Eduardo Pérez, Bernardo Mateluna y Carlos Fuentes, quienes no fueron reelectos en marzo pese a aprobarse una ley especial para ello.
Respecto del informe, el oficio señala que “se hizo presente que, en general, ambas Cámaras y los Comités Parlamentarios utilizaron los fondos de la asignación personal de apoyo y de la asignación de pasajes aéreos nacionales ajustándose a la normativa vigente, por lo que no se identificaron situaciones de riesgo significativa”.
En el párrafo siguiente, en tanto, se refuta que en el mismo documento se expone un cuadro de recomendaciones donde, a juicio del Consejo, sí existen irregularidades.
“De la revisión de dicho cuadro, en el que se recogen las situaciones que motivan las respectivas recomendaciones, se desprende claramente que han existido irregularidades e incumplimientos a la normativa aprobada por el Consejo”.
A modo de ejemplo, en el oficio se enumeran: “Sobre la asignación personal de apoyo, existe ausencia de finiquitos relativos a contratos de dicho personal en el Senado. Ausencia de suscripción de contratos de prestación de servicios y traspasos entre asignaciones sin instrucción y sin formalizar de la Cámara de Diputados. Y respecto de la asignación de pasajes aéreos nacionales, se da cuenta de pasajes que exceden el límite definido en la normativa y compras de pasajes por personal desvinculado en la Cámara de Diputados, así como de beneficios de convenios utilizados por terceros ajenos al personal de apoyo en ambas corporaciones”, dice el oficio.
En un ítem siguiente, los integrantes del Consejo explican que los nuevos miembros del Comité de Auditorías -Priscila Jara, Fernando Sirriya Carapelle y Carlos Tapia- acusaron “falta de celo” en el cumplimiento de las funciones del Comité saliente, resintiendo que el trabajo no se haya hecho de manera “exhaustiva”, ni en forma “precisa ni profunda”.
Adicionalmente, Páez, Riveros, Corbo y Alvarado exponen una serie de antecedentes respecto de la labor de los ex auditores, a quienes acusan “falta de austeridad” por las circunstancias en que materializaron una auditoría en Isla de Pascua.
“El 17 de octubre de 2016, el Consejo Resolutivo hizo presente al Comité de Auditoría el inadecuado uso de recursos y la falta de austeridad detectada al solicitarse reembolso del pago de un pasaje aéreo comprado en clase premium business para que un miembro del Comité viajara a Isla de Pascua a practicar labores de auditoría, en circunstancias que la Cámara de Diputados indicó que los pasajes para parlamentarios debían realizarse en clase económica”, señala. ●