Casa 212: demandas suman cerca de $ 26 mil millones
Hay 15 acciones legales que están a la espera de ser resueltas. Todas ellas están radicadas en el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, en un solo juicio.
El lunes pasado, el 30 Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagar $ 1.000 millones a la esposa e hijos de Joaquín Arnolds, una de las 21 víctimas del accidente aéreo ocurrido en septiembre de 2011 en el archipiélago de Juan Fernández.
El tribunal estableció que “la responsabilidad que concierne a la tripulación no se agota en ella, sino trasciende y hace extensiva tanto al mando institucional de la Fuerza Aérea de Chile y a su función gestora y fiscalizadora”. Ello, “por no haber supervisado con la misma minuciosidad la planificación del viaje”.
Según registros del sistema del Poder Judicial, este es el primer fallo de un total de 16 demandas presentadas en los tribunales civiles contra el Fisco por los familiares de los fallecidos que dejó la tragedia del Casa 212.
Así, hoy a lo menos son 15 las acciones judiciales que continúan en tramitación y todas ellas están radicadas en el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso. Esto, porque en diciembre del año pasado fueron acumuladas en un solo expediente en ese tribunal. En al menos 13 de ellas se pide en total indemnizaciones cercanas a los $ 26 mil millones.
Uno de los montos más altos lo solicitaron los familiares de Sebastián Correa, marido de Catalina Vela. Ambas víctimas eran parte de equipo de Desafío Levantemos Chile.
De acuerdo a la acción legal, se requirió que se condene “a pagar 38.964 UF por concepto de lucro cesante a favor de los hijos de Sebastián Correa (3)” y “por daño emergente a pagar la indemnización de 42.954 UF a los padres de Sebastián Correa”. Además, por concepto de daño moral, se requirió 20.000 UF más para sus padres, 30.000 UF para cada uno de sus tres hijos y 15.000 UF para cada hermano. Lo que en total suma una solicitud de perjuicio de 226.000 UF, que equivale a $ 6.106.950.062.
La familia del conductor de televisión Felipe Camiroaga, en tanto, pidió una indemnización total de $ 960 millones. De ellos, $ 320