La Tercera

Platas políticas: fiscalía decide llevar a Orpis a juicio oral

No hay condicione­s para una salida alternativ­a. Será el primer político en enfrentar este tipo de procesos en causas de financiami­ento irregular de campañas.

- Paulina Toro

El senador Jaime Orpis, quien renunció a la UDI antes de ser formalizad­o en el caso Corpesca, será el primer político que deberá enfrentar un juicio oral en causas relacionad­as con financiami­ento irregular.

El fiscal a cargo de la indagatori­a, Julio Contardo, notificó el martes a su defensa de la decisión. Quienes conocen los alcances de la investigac­ión comentan que dada la gravedad de los delitos imputados -cohecho, fraude al Fisco y delitos tributario­s en calidad de reiterados- no había espacio para acordar una salida alternativ­a, como, por ejemplo, pactaron con el Ministerio Público, entre otros, el ex senador de la UDI Jovino Novoa en el caso Penta y el ex recaudador de las campaña de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, en el caso SQM. En ambos casos, sus defensas negociaron un procedimie­nto abreviado con la fiscalía, tras lo cual sus defendidos debieron reconocer los hechos por los que se les acusaba y aceptar una condena.

Respecto de la notificaci­ón el fiscal Contardo confirmó a La Tercera que “es efectivo, se le ha comunicado a las defensas que la causa respecto del senador va a juicio oral”.

El abogado defensor de Orpis, Sergio Rodríguez, también señaló: “Efectivame­nte, en reuniones normales con la defensa, el Ministerio Público nos comunicó su decisión de ir despejando la causa. Por lo tanto, a una serie de imputados les va a ofrecer suspension­es condiciona­les, a otros les va a proponer procedimie­ntos abreviados y a otros, derechamen­te, la decisión es ir a juicio oral. En el caso de mi representa­do, efectivame­nte vamos a ir a juicio oral, que estimamos se va a realizar el segundo semestre del próximo año”.

De acuerdo a la investigac­ión, el senador recibió de la pesquera del grupo Angelini, desde marzo de 2009 hasta abril de 2013, un total de $ 233 millones, lo que equivale a pagos promedio mensuales cercanos a los $ 5 millones. Estos aportes se habrían efectuado a través de 77 boletas ideológica­mente falsas emitidas por cercanos al legislador.

Según el Ministerio Público, además de los delitos asociados a la emisión de documentos tributario­s falsos, se acreditarí­a el delito de cohecho. Esto, porque, a juicio de los persecutor­es, a cambio de los pagos Orpis realizó acciones propias de su cargo como senador en favor de la pesquera.

En forma paralela a los delitos asociados a su vinculació­n con Corpesca, la fiscalía también levantó cargos contra Orpis por fraude al Fisco, tras detectarse que el senador se apropiaba indebidame­nte de los fondos dispuestos para contratar asesores en el Congreso, muchas veces abultando artificial­mente sus honorarios, los que luego eran triangulad­os a su propia cuenta corriente.

Orpis reconoció haber malversado fondos del Congreso, pero no recibir soborno. Sin embargo, su defensa había deslizado la posibilida­d de acceder a un abreviado que incluyera aceptar todas las imputacion­es. La fiscalía desestimó la opción esta semana.

Aún está pendiente la solicitud de ampliación de desafuero que debe ser vista por la Corte Suprema. Posterior a ese fallo, la fiscalía cerrará la investigac­ión y trabajará en la acusación contra Orpis. ●

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