Jorge Burgos

Me correspondió participar como oyente en el seminario que organizara La Tercera, con ocasión de su 67° aniversario. Allí particularmente, en el panel destinado al análisis del momento político, hubo a mi juicio, cierto consenso entre los expositores, en que el debate actual es chato, más bien descalificador y ofertante de soluciones fáciles, de paraísos inexistentes (esto último lo agrego yo). Qué duda cabe de que muchos de nuestros actores políticos parecen creer que la confianza perdida, la ausencia de una discusión temática, son susceptibles de superarse con facilismo populista, con descalificaciones al adversario, o simplemente subiéndose a lo que marcan las tendencias. Por ahí no va la cosa. Lo importante es intentar aportar al debate en temas concretos que constituyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

A modo de ejemplo concreto, en esa perspectiva: hace casi cuatro años que se encuentra parado en el Senado un proyecto que establece un nuevo Código Procesal Civil, ya aprobado por la Cámara, en el cual trabajaron tanto el gobierno de Bachelet I, como el de Piñera, con universidades y profesionales de primer nivel. Inexplicablemente ni el actual Ejecutivo, ni el Senado mostraron mayor interés en progresar en su tramitación. ¿Qué tiene que ver esto (con calidad de vida)? Mucho. Miles de chilenos concurren todos los años a los tribunales civiles y se encuentran con procedimientos, escritos, lentos, caros, burocráticos, donde el más débil, el de menor estándar en la defensa, tiene mucho que perder. Sustituir con urgencia esa situación redunda en mejor calidad de vida y para ello hay una propuesta avanzada, perfectible en materia de recursos, justicia vecinal, juicios ejecutivos, pero el proyecto es una base muy sólida pues recoge entre otros los siguientes principios:

•En una democracia en que impere el estado de derecho deben protegerse todos los derechos fundamentales con procedimientos orales que otorguen una pronta y efectiva tutela a todos los derechos fundamentales, y no dejar algunos de ellos postergados como patitos feos, situación que ocurre con el proceso civil.

•Porque el incumplimiento de las obligaciones civiles y mercantiles requiere de procesos ágiles y efectivos para que ellas sean una realidad y no una letra muerta que se asiente en el papel.

•Porque todo sistema económico se mueve en la seguridad jurídica del respecto de los derechos, elemento básico para la promoción de las inversiones.

•Porque si deseamos brindar seguridad institucional en un mundo globalizado como país, y teniendo en vista las mediciones de ellas por órganos internacionales como la OCDE y Banco Mundial, no podemos permitir que un poder tan importante como el judicial no cumpla con estándares de calidad y eficacia de rango internacional.

•Porque la ineficiencia hace incurrir en costos de ineficiencia al existir funcionarios públicos que no deberían desempeñar las funciones que realizan y poder ser utilizados eficazmente en otras dimensiones, como acontece con los secretarios y relatores que podrían ser jueces, y con los fiscales judiciales que ya no desempeñan sus principales funciones en el proceso criminal y que deberían ser empoderados para funciones investigativas y de cargo en materias disciplinarias a desarrollarse en un debido proceso.