Sergio I. Melnick
He leído el proyecto de educación superior del gobierno. Es para llorar a gritos. La verborrea ideológica sobre educación superior es de una vaguedad y sesgo que simplemente no se puede creer. ¿Cuántos de los legisladores habrán estudiado en universidades de clase mundial, o las conocerán, como para tener un punto de referencia relevante? Por de pronto, es el caso de todos los diputados de la “bancada estudiantil”, que ni siquiera han ejercido sus profesiones. Este no es un proyecto de educación, es un proyecto de poder para limitar la educación privada y dejar ins- taladas herramientas para controlar el sistema en el tiempo.
Solo un pequeño párrafo en los artículos transitorios habla de un informe, en tres años recién a partir de la ley, para analizar el sistema de títulos y grados. Pero ese era justamente el punto de partida para diseñar el sistema.
¿Qué han hecho todos estos años? La confusión entre educación, entrenamiento e investigación muestra la pobreza técnica del proyecto, tal como lo hemos visto en las otras reformas. Solo pensar que todas las universidades deben ser complejas es un error sin límites. Todo lo anterior es previo a definir la educación superior como un derecho y punto. Ni hablar de responsabilidades. Pero, ¿derecho a bachiller, licenciado, título profesional, diplomados, máster, doctorado, post doctorado? Ni siquiera es tema.
El avance en la gratuidad está sujeto a una engorrosa fórmula de ingresos fiscales como porcentaje del producto de tendencia. Lo notable es que anticipa que los ingresos fiscales llegarán al menos al 30% del PIB. Hoy es alrededor 25%, es decir, están proponiendo derechamente que los impuestos seguirán aumentando en un equivalente a dos reformas tributarias más del tamaño de la última.
Este es un proyecto para crear una Subsecretaría de Educación Superior burocrática, omnipotente y muy discrecional, que permite que un gobierno haga esencialmente lo que quiera con la educación usando la ambigüedad de una mala ley. La educación superior no es un commodity, y tratar de fijar un arancel único para distintos tipos de carreras es inducir una forma predefinida de cómo debe ser cada carrera.
El proyecto propone la definición de precios, cupos, consolida un Cruch como un cartel arbitrario. Pone condiciones de acceso a este último, que por ejemplo no cumplen ni cercano, las dos nuevas universidades estatales y ya pertenecen a éste. Las universidades son esencialmente jerárquicas, mandan los que saben más, no los que son más. Captura para el gobierno de turno el sistema único de admisión de universidades por la manera en que se designa a quienes lo dirigen. Todo depende en definitiva de un “Plan nacional de educación superior”, al que todo lo anterior se subordina. Por cierto eso lo hará el gobierno en el futuro, y eso domina la ley en sí. La definición de viabilidad de una institución depende de criterios que sean “realistas”. ¿Será un poco discrecional? El gobierno controlará las inversiones, y aunque no lo crea, fija un 1% de los ingresos como máximo de gasto en publicidad. Obviamente no define qué es publicidad. ¿Fijará mañana el gasto en sillas, pintura, transporte, o teléfonos? Se abre el espacio a las denuncias anónimas, con una superintendencia omnímoda, llena de resquicios discrecionales.
En síntesis: le quita poder a la sociedad civil para concentrarlo en el Estado, pero específicamente en el gobierno de turno y la gratuidad como objetivo político. No tiene absolutamente nada de educación propiamente tal. Será una poderosa herramienta de control y limitación de la educación privada.