“Que una comuna se lleve toda la carga ambiental es discriminatorio”
El Instituto Nacional de Derechos Humanos publica cada año un mapa de conflictos socioambientales que aborda la situación de las denominadas, de acuerdo con sus informes, como “zonas de sacrificio”. Se trata de localidades donde sus poblaciones, en general de menores ingresos, se ven afectadas por la contaminación de las industrias. Branislav Marelic del INDH señala que en esos sectores se presenta “una excesiva carga ambiental” en comparación con otros. Esto provoca una discriminación.
¿Por qué las denominan “zonas de sacrificio”?
Se desarrolló un mapa de conflictos socioambientales presentes en todo el país. Se ha acuñado el término de “zonas de sacrificio”, es decir, áreas donde hay un abandono de la comunidad y un aumento de las actividades contaminantes. Hay zonas donde las personas llevan denunciando su situación hace más de dos décadas, entonces se debería poner atención en estos casos. Vivir en un ambiente libre de contaminación es un derecho humano que se debe respetar. Tiltil reúne las características de “zona de sacrificio” y lo estamos observando. En muchos lugares hay una excesiva carga ambiental en comparación con otros sectores, lo que genera una situación discriminatoria .
¿El instituto tiene alguna atribución para detener proyectos de inversión?
Podemos ejercer acciones constitucionales como la aplicación de un recurso de protección. Sin embargo, en el caso de Tiltil no hay una definición al respecto. Vemos que la institucionalidad ambiental es la llamada a dar soluciones y todavía quedan instancias de discusión. Fuimos a la zona a ver su situación y podríamos enviar una misión de observación.
¿Qué han recomendado para evitar que haya nuevas localidades con este problema?
El Instituto ha planteado que para que no se repitan estas situaciones, las autoridades deberían ser más ágiles en la aprobación de planes de descontaminación y declarar zonas saturadas o latentes (de emisiones). Además, hay que dar una mayor valoración de los impactos en la salud de las personas y un fortalecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente. El objetivo es que haya una equidad territorial porque es vulneratorio de los derechos humanos que ciertos lugares se lleven todo el impacto de la región.
“Hay lugares del país donde las personas llevan denunciando su situación hace más de dos décadas”.
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