Reforma integral al sistema notarial del país
Los mecanismos de designación de los notarios, la duración en el cargo y los aranceles son algunas de las materias insuficientemente reguladas.
Por razones que tienen que ver con nuestro sistema legal y también porque en Chile existe una baja confianza interpersonal, una serie de trámites todavía requieren que un tercero, nombrado por el Estado, dé fe de ellos. Es así como notarios, conservadores y archiveros judiciales cumplen un rol importante en múltiples actos administrativos, ya sea por mandato legal o por simple costumbre. Sin embargo, esta práctica, que solo existe en algunos países, incrementa los costos de transacción -en tiempo y dinero- y pese que han sido varios los esfuerzos por reformar el sistema, ningún gobierno ha podido llevarlo a cabo, lo que va en detrimento de los usuarios.
Una reforma integral a los que la ley denomina como auxiliares de la administración de justicia debiera considerar diferentes aspectos. Por ejemplo, el método de designación y su duración, la cantidad de trámites que la ley exige que sean realizados ante notarios, el sistema de precios, de control de calidad y la automatización de ciertos servicios, son parte de los temas sobre los que se debiese legislar. En el caso de otros mercados regulados todos estos elementos están rigurosamente normados de modo de proteger al consumidor, por ejemplo, del poder monopólico del que gozan las empresas de servicios básicos. Sin embargo, en el caso de notarios, conservadores y archiveros no parece ser el mismo criterio el que guía la definición de la política pública.
Tras la acertada propuesta del gobierno de introducir un centenar de nuevas notarías, dos han sido las principales dudas que se han levantado. La Corte Suprema ha advertido que las cortes de apelaciones no cuentan con recursos para ejercer su labor fiscalizadora en el funcionamiento de estos organismos; en tanto, diversos actores políticos han hecho ver el riesgo de que las designaciones favorezcan a un sector en particular. Ambas prevenciones no hacen más que confirmar la necesidad de reformar el sistema. Debe dotarse de los recursos para que las cortes puedan fiscalizar adecuadamente y no excusarse en ello para mantener un número insuficiente de oficinas. Por su parte, para evitar que el nombramiento de notarios y conservadores responda a afinidades políticas, cualquiera sea el gobierno al que le toque nombrarlos, debiese actuar de manera prudente y es deber de la oposición fiscalizar que dichos nombramientos sean los idóneos.
De este modo, debe apoyarse la ampliación del número de notarías, conservadores y archiveros propuesta por el Ministerio de Justicia, sobre la base de que ello es una medida útil no solo en favor de los usuarios –al menos 14 comunas de las cerca de 60 que actualmente no tienen cobertura de notarios sí la tendrían- sino que también como una forma de evitar que las actuales oficinas pierdan los incentivos para entregar un servicio de calidad. Sin embargo, esta propuesta no debe dejar en segundo plano la urgente necesidad de modernización integral del Estado en estas materias. Para ello se debe tomar como insumo los resultados de la investigación que abrió la Fiscalía Nacional Económica para indagar el mercado de las notarías. Junto con estas reformas, el Estado debe avanzar en una urgente modernización basada en las nuevas tecnologías.
Crisis en Venezuela requiere intervención interna y externa
El régimen de Nicolás Maduro no solo llevó adelante la Asamblea Constituyente el domingo sino que además volvió a arrestar a los disidentes Leopoldo López y Antonio Ledezma, pese a la presión interna y al repudio de la comunidad internacional.
El País. Andrea Rizzi, España | 31.07.17
Incluso en casos de gran cohesión de la comunidad internacional como, en circunstancias diferentes, el del Sudáfrica del apartheid, hicieron falta un Mandela y un De Klerk. La solución real solo puede brotar desde dentro, en Venezuela.
The Globe and Mail. R. Hausmann | 01.08.17
Pero los problemas de Venezuela no son solo políticos. Hacer frente a la catástrofe económica sin precedentes que el gobierno ha causado también requerirá del apoyo concertado de la comunidad internacional.
El Tiempo. Colombia | 01.08.2017
Este inevitable salto al vacío del gobierno se explica en la medida en que se percibe que ya no hay reversa en su proyecto, pues se entiende que si la cúpula chavista deja el poder el destino para ellos será, inexorablemente, la cárcel o el exilio. En esa lógica, tienen que avanzar en un proyecto que les garantice impunidad mientras puedan resistir la formidable presión ciudadana y la vergüenza internacional.