Contraloría detectó 23 pagos de proveedores a empleados de Codelco
La situación involucra a 13 trabajadores de la minera estatal, ligados a empresas consultoras y universidades, entre otras.
Un total de 23 pagos a 13 empleados de Codelco, que entre 2013 y 2015 recibieron de forma simultánea honorarios y/o sueldos de 8 empresas contratistas de la estatal, detectó la Contraloría General de la República. Esto, de acuerdo con el contenido del informe de auditoría reservada N° 900, que se hizo público tras ser subido a la web del Poder Judicial, como parte de los antecedentes aportados por Codelco. Todo, en el marco de la demanda de nulidad de derecho público que interpuso la semana pasada la estatal contra el organismo que encabeza Jorge Bermúdez.
En el listado se menciona, por ejemplo, que en 2015 un jefe de área recibió pagos de la empresa Hatch Ingenieros y Consultores. La misma empresa habría registrado pagos a un jefe senior de construcción y un especialista avanzado de ingeniería y procesos. Otra de las firmas que aparece haciendo pagos de forma paralela a empleados de Codelco es la constructora Claro Vicuña Valenzuela, que en 2015 y 2016 realizó pagos a la misma persona que registra bajo el cargo de jefe de construcción y jefe senior de puesta en marcha. Este mismo empleado recibió pagos en 2015 de R & Q Ingeniería.
Asimismo, se registran pagos desde la Empresa Portuaria San Antonio a un gerente de gestión y fiscalización de empresas contratistas, quien a la vez era director de la empresa portuaria estatal. Además, tanto la Universidad de Chile como la de Santiago, que figuran como contratistas de Codelco, registraron pago ejecutivos de la cuprera que ocupaban cargos como consejeros jurídicos, gerente de estudios, director de ingeniería, jefe de construcción y jefe senior de ingeniería. En estos casos, indicaron desde la minera, los trabajadores se desempeñaban a la vez como docentes.
En el mismo informe se revela que Codelco respondió a Contraloría que hay una norma interna que regula las operaciones de ex trabajadores con empresas proveedoras. Sin embargo, el documento subraya que “se aprecia que la citada regulación no alcanzó a sus trabajadores que, como se advierte, presentan una doble condición, quienes, por un lado se desempeñan en Codelco y por otro, prestan servicios a empresas proveedoras, situación que importa un riesgo de conflictos de interés y/o el uso de información privilegiada”.
Codelco dijo en una de sus respuestas a Contraloría que evaluará modificar dicha norma, “con el objeto de regular todo tipo de relación que pudiera darse, y así evitar en lo sucesivo lo objetado”, además de iniciar una investigación interna.
Otro tema que se revela en el informe N° 900 es que entre 2013 y 2015 Cochilco realizó tres auditorías encontrando 23 observaciones relacionadas a faltas a su normativa interna de procedimientos de contratación y adquisición. Y sobre ellas, Contraloría agrega que “al mes de septiembre de 2016, Cochilco no había realizado seguimiento a tales informes”.
Además, el informe de Contraloría determinó “desembolsos cuyos conceptos asociados no corresponderían” al item de gastos mis- celáneos, entre los que se encuentran un desembolso de US$ 1,2 millones por la compra de un terreno, que de acuerdo a fuentes cercanas correspondería a la división Andina; US$ 757 mil para celebraciones; US$ 662 mil catalogados bajo el item “deporte”; cerca de US$ 129 mil para obsequios; US$ 89 mil en muebles; y US$ 23 mil en artículos electrónicos, entre otros.
También Contraloría constató en el período la realización de compras “en forma recurrente a un mismo proveedor, en un mismo días y/o en forma correlativa”. El informe señala que este fraccionamiento en las compras impide que estos procesos de contratación “se sometan a las reglas generales que la propia empresa estatal se ha dado”.
Contraloría explicó en el informe que la estatal implementó una serie de medidas, como un programa de auditoría permanente para la revisión aleatoria de los gastos misceláneos, además de solicitar a la gerencia de riesgos y control el reforzamiento de los controles sobre la pertinencia de este tipo de gastos.b