Nueva ley en Francia castiga con cárcel a políticos que contraten a familiares
Normativa de transparencia fue una promesa de la campaña de Macron. Diputados de derecha impugnaron la norma ante la Corte Constitucional.
El Parlamento francés aprobó por amplia mayoría esta semana la llamada “Ley de confianza en la vida pública”, con la que se pretende aplacar el malestar ciudadano con el mal uso y abuso de sus cargos que han cometido importantes políticos. La nueva legislación regirá el comportamiento de los funcionarios electos e incluye el fin de la “reserva parlamentaria”, un fondo financiero que tanto diputados como senadores distribuían entre las comunas y asociaciones como estimara conveniente.
La norma es una promesa de campaña del ahora Presidente Emmanuel Macron, debido a que la contienda estuvo marcada por varios escándalos. El más conocido fue el que afectó al candidato de derecha François Fillon, quien se hundió en las encuestas y no logró pasar a la segunda vuelta presidencial. Eso, después de que la prensa asegurara que su esposa Penélope y sus hijos habían cobrado durante años sueldos como ayudantes parlamentarios, pese a que no había registro de su labor en el Legislativo.
Con la nueva ley, funcionarios, Promesa de campaña Durante la pasada contienda electoral, Macron prometió una ley para transparentar la actividad pública.
El caso Fillon
Eso, en medio del escándalo que golpeó al candidato conservador François Fillon, que lo hundió en los sondeos.
Renuncias en el gobierno Cuatro ministros del gabinete de Macron tuvieron que dimitir por irregularidades, incluido François Bayrou.
ministros, diputados y otros cargos de representación local no pueden contratar a su cónyuge, pareja, padres o hijos. Y si son descubiertos, enfrentan una pena de tres años de prisión y 45.000 euros de multa e, incluso, en algunos casos, la devolución de la suma pagada. También fueron aprobados un dispositivo de reembolso para justificar los gastos de los parlamentarios y una pena complementaria que le impida repostularse a aquel funcionario condenado por falta de integridad.
El propio gabinete de Macron en los pocos meses que lleva al mando se vio afectado por casos que la ley penaliza a partir de ahora. Así, cuatro ministros debieron dejar sus cargos en medio de cuestionamientos. El propio ministro de Justicia y autor de esta ley de “moralización”, François Bayrou, se vio obligado a dimitir por supuestas irregularidades en el pago a asistentes de los europarlamentarios de MoDem, su agrupación. Por las mismas acusaciones renunciaron las ministras de Defensa, Sylvie Goulard, y de Asuntos Europeos, Marielle de Sarnez, las dos militantes de MoDem.
También tuvo que dejar el gobierno el ministro de Cohesión Territorial, Richard Ferrand, bajo sospechas de nepotismo. Ferrand era la mano derecha de Macron durante la campaña electoral y uno de los fundadores del partido de gobierno, La República en Marcha. En reemplazo de Bayrou, Macron nombró como ministra de Justicia a Nicole Belloubet, quien ocupaba un sitio en el Consejo Constitucional, la máxima autoridad judicial del país. Y para llenar ese cupo, el mandatario nominó al senador Michel Mercier, quien tuvo que dar un paso al costado después que se revelara que él también le pagó a su hija como asesora parlamentaria, pese a que ella estaba trabajando en Londres.
La ley, que fue aprobada por 462 votos a favor, 74 en contra y 65 abstenciones, contiene una “triple ambición jurídica, ética y política”, dijo la ministra Belloubet antes de la votación del miércoles. Belloubet dijo que era una “responsabilidad política” que el período legislativo se inaugure con una ley como esta, que busca recuperar la “relación de confianza” de los ciudadanos con los políticos.
Pese al contundente respaldo del Parlamento, controlado por el oficialismo, la ley podría enfrentar un serio obstáculo. Diputados del partido conservador Los Republicanos recurrieron al Consejo Constitucional para que evalúe específicamente la normativa que prohíbe a los cargos públicos contratar a familiares. Según los 60 diputados que presentaron la demanda, ese veto supone una “discriminación” a la hora de contratar asistentes. ●