Riesgo reputacional restringe crédito bancario a políticos
Cercanos a la industria reconocen que instituciones prefieren no verse involucradas en estas operaciones.
Aunque no están marginados de la banca, las personas políticamente expuestas (PEP) están hoy en una lista que complica al sector a la hora de aprobar créditos.
Según fuentes ligadas a la industria, muchos bancos prefieren no involucrarse en este tipo de operaciones debido principalmente al riesgo reputacional que puede haber en juego. Casos como el préstamo al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet en el marco del caso Caval o el cuestionado financiamiento de BancoEstado a la actual Mandataria siguen en la memoria de los directorios que hoy tienen injerencia directa en la política de tratamiento a los PEP y –en la mayoría de los bancos- en la decisión de aprobar o no un financiamiento de este tipo.
Por ello, explican fuentes del sector, la idea de verse expuestos a la publicidad de un apoyo financiero otorgado a un candidato, independientemente de su posición política, se ha vuelto un factor de descuento a la hora de medir riesgos. “El tema es que sea político”, dice una fuente del sector, que agrega que eso reviste un riesgo importante en un escenario social de desaprobación absoluta a las relaciones de poder entre empresarios y políticos. Por otro lado, existen algunos rezagos en los pagos por parte del Servel, que también tienen algún impacto en las evaluaciones de riesgo, aunque reconocen que es menor.
Desde 2012, la lista de PEP es un tema que complica a la banca. Ese año, la UAF emitió la circular 49 que definió como una extensa lista conformada por “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”. Esto incluye desde jefes de Estado y políticos de alta jerarquía hasta cónyuges, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, según dice la norma.
Se estima que el sector maneja una lista cercana a los 60 mil PEP, que si bien no implica que no se les pueda prestar dinero, requieren un tratamiento distinto.
En 2015, con la normativa de la Superintendencia de Bancos, cada institución está obligada a establecer una política de tratamiento a PEP y publicarla en su sitio web. En una rápida revisión por ellas es posible ver una serie de protocolos más o menos restrictivos que implican el análisis de los casos de crédito superiores a las comunes, según el tipo, monto y naturaleza del crédito de que se trate. Así, por ejemplo, algunos bancos extienden la categoría de PEP hasta 5 años después de ejercido el cargo para los funcionarios directos y hasta dos para los familiares.b