Dudas y certezas en proyecto de migraciones
La iniciativa que tardíamente presentó el gobierno, si bien avanza en ordenar algunas materias, es incierto sobre cómo contendrá la inmigración irregular.
Tras desechar el proyecto de ley ingresado por el gobierno anterior, un lento trabajo prelegislativo que generó roces y renuncias al interior del Ejecutivo, así como reiterados atrasos en su propuesta, la Presidenta de la República ingresó al Congreso la reforma migratoria. Ello es una buena noticia aunque, tomando en cuenta la cantidad de temas que actualmente se discuten en el Congreso y el acotado plazo antes del fin de este gobierno, queda la sensación de que se perdió una oportunidad de tener una legislación migratoria moderna. Más cuando ella probablemente hubiera contado con apoyo transversal dadas las coincidencias con el proyecto presentado por la administración pasada.
En líneas generales, la reforma establece derechos y deberes para los extranjeros que pretenden ingresar al país. Asimismo, crea un catálogo de visas y un sistema sancionatorio para extranjeros que no cumplan con la legislación nacional; un nuevo comité de ministros fijará la política migratoria del país, todo lo cual es un avance respecto a la legislación vigente. Sin embargo, no parece haber claridad de cómo el proyecto se hace cargo de la masiva llegada de extranjeros en calidad de turistas pese a que muchos de ellos buscan radicarse en el país; tampoco si existe un plan que se haga cargo del fenómeno mientras se discute e implementa esta ley.
El proyecto mantiene la posibilidad de que personas que ingresen como turistas, una vez en el país, puedan solicitar un permiso de visitante o residencia temporal -que sí permiten realizar actividades remuneradas-, dejando todos los requisitos y procedimientos a definirse en un reglamento. Por ende, aunque se gana en flexibilidad, preguntas esenciales quedan sin respuesta en la ley.
Por otro lado, se establecen multas -de hasta cerca de $ 500 mil- e incluso la posibilidad de expulsión del país a quienes trabajen con un visado que no lo permita o por permanecer en el país cuando ésta haya expirado. No obstante, quedan dudas respecto que esas medidas puedan ser realmente aplicables toda vez que la actual legislación también las contempla y no parecen ser un real disuasivo a la llegada irregular de extranjeros.
Otros aspectos específicos que deberían ser mejorados en la discusión legislativa son aquellos que permitan acelerar la inserción laboral de los extranjeros que sí llegan a trabajar a nuestro país. Para ello es necesario eliminar el monopolio de la Universidad de Chile para la convalidación de títulos de educación superior, agilizando la realización de dicho trámite, teniendo en cuenta que un 27% de los extranjeros en el país son profesionales o técnicos titulados. Asimismo, si bien es un avance respecto a versiones preliminares del proyecto de ley y a lo incluido en la propuesta del gobierno anterior, la obligación de que solo un 25% de los trabajadores de una empresa puedan ser extranjeros sigue siendo una traba sin mayor justificación.
Es lamentable que una discusión importante y necesaria para que el país pueda aprovechar los beneficios y afrontar adecuadamente los desafíos que significa la inmigración, se haya postergado más de la cuenta, poniendo en riesgo su aprobación y con escaso margen para un debate sereno.
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