Gestión precaria en servicios públicos

La evaluación oficial del desempeño de los servicios públicos durante 2016 arrojó que todos estos cumplían en un nivel superior, tal que pudieron premiar con 7,6% de la remuneración base anual a sus funcionarios. El evaluador externo había dejado atrás al 35% de los servicios, pero tras la defensa de los jefes de servicios y luego de los ministros, todos “calificaron” para el premio por desempeño superior.

El resultado es irreal. Pero ilustra en forma muy clara dos elementos propios de la gestión estatal: los funcionarios públicos persiguen activamente sus intereses; el incentivo para que una autoridad pública premie el buen desempeño y sancionen el malo, es insuficiente.

Nada de esto es nuevo, y por eso quienes cuidan los recursos fiscales disponibles buscan, cada vez que es posible, aplicar una estrategia diferente: concentrar al Estado en la definición de políticas y priorización de programas; luego, para la ejecución, inducir la participación -competitiva y transparentede empresas privadas con fines de lucro que sí vinculan remuneración con eficiencia; finalmente, preocuparse de que el Estado se mantenga controlando resultados.

Lo que esta evaluación revela debe motivar a limitar, cuando ello es factible, la provisión directa de servicios por parte de un Estado que no es capaz de gestionar con eficiencia. Por ello ha sido dañino el avance agresivo del estatismo en este gobierno, que hace necesarias correcciones, aun si suponen enfrentar el interés privado de funcionarios públicos.