Más allá de intereses particulares
Uno de los desafíos más complejos que enfrenta nuestro país es armonizar su desarrollo con la sustentabilidad ambiental, económica y social de las iniciativas de inversión que hagan posible la generación de empleo y riqueza. Hay factores que en años recientes han tornado ese desafío mucho más exigente que en el pasado. Nuestro nivel de desarrollo, que nos ubica en el rango superior de los países de renta media, nos somete a mayores exigencias, especialmente a partir de nuestra adhesión a la OCDE y al activo rol internacional que juega Chile en temas como cambio climático y cuidado del medio ambiente.
Por otra parte, el explosivo aumento del acceso a la información y los avances en compromisos de transparencia y participación de las comunidades locales, que demandan ser escuchadas y consideradas, agregan desafíos adicionales a la institucionalidad adoptada por nuestro país para la evaluación del impacto de las iniciativas de inversión.
El pasado día lunes, el Comité de Ministros responsable de estas materias adoptó una decisión que ha sido cuestionada por la empresa que impulsaba la iniciativa, así como por las cúpulas del sector empresarial, y aplaudida por las organizaciones de defensa del medio ambiente.
Una primera reflexión es que la crítica o el respaldo motivado por la coincidencia de las decisiones con los intereses y posiciones de cada quien, no es razón suficiente para poner en cuestión una institucionalidad que ha costado mucho construir y legitimar.
La noción de que toda iniciativa de inversión es adecuada, sin importar los pasivos ambientales que provoca, así como aquella que considera que la naturaleza no admite intervención de ningún tipo, resultan igualmente nocivas para las necesidades del país.
Arbitrar conflictos de interés de esta magnitud requiere fundamentos de rigurosidad técnica de parte de los diversos organismos que participan en el proceso y, al mismo tiempo, demandan la mirada que debe proporcionar un cuerpo colegiado de nivel ministerial, que debe incorporar una visión amplia que incluya las sensibilidades sociales, políticas y económicas que siempre están asociadas a las decisiones de importancia.
En el caso que se analiza, medió un tiempo más que suficiente entre la decisión adoptada en la Región de Coquimbo en marzo y el lunes pasado, para que los equipos técnicos continuaran evaluando el proyecto. La posición del Ministerio de Agricultura se fundó en el negativo impacto del proyecto sobre la rica fauna marina en el área de operación del puerto, cuestionamientos que hasta ahora no han sido despejados.
Lo que corresponde es fortalecer la institucionalidad ambiental, perfeccionar sus procedimientos especialmente para disminuir plazos y trabas burocráticas y acotar los márgenes de actuación de las instituciones involucradas estrictamente a las materias de su competencia. Al mismo tiempo, las empresas deben entender que los estándares y exigencias son mayores que en el pasado y que en la medida que se ajusten a esos estándares podrán llevar adelante sus iniciativas.
Lo que definitivamente sería un grave retroceso para Chile es debilitar nuestro marco normativo e institucional y reemplazarlo por la casuística particular o, peor aún, por decisiones de las autoridades fuera de procesos y regulaciones conocidas con antelación.
Simplificar el debate entre ambientalistas o desarrollistas, o descalificar las decisiones de las instituciones porque no se ajustan a nuestras expectativas e intereses, escabulle el asunto de fondo, esto es, cómo nos adaptamos a los nuevos estándares de impacto ambiental y cómo respondemos a las exigencias de una ciudadanía más informada y sensible respecto del cuidado de nuestro medio ambiente.
Arbitrar conflictos de este tipo, demanda la mirada de un cuerpo colegiado de nivel ministerial.