La mitad de los imputados y condenados por ley penal juvenil son adultos
En total son nueve mil ingresos a centros y programas del Sename. De esos, cinco mil tienen más de 18 años. El 38% de los privados de libertad son mayores de edad.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) sanciona a menores de edad de entre 14 y hasta 18 años por delitos cometidos durante ese tramo etario. Sin embargo, según cifras del Servicio Nacional de Menores (Sename) enviadas al senador RN Alberto Espina el 26 de agosto pasado, de las 9.806 personas registradas en el sistema entre enero y junio de este año, 5.092 tienen 18 años o más, lo que equivale al 51,9% del total
(ver infografía).
De acuerdo con las mismas cifras, la mayoría de los adultos que cumplen medidas provisorias -previo a su condenao sanciones judiciales por ilícitos cometidos cuando eran menores, tienen actualmente entre 18 y 19 años (3.482), e incluso hay una persona de 37 años.
Desde el Sename explicaron que esto se debe a que “las penas de internación en régimen cerrado y semicerrado pueden prolongarse hasta cinco años si el infractor tiene menos de 16 años, o hasta por diez años si tiene más de 16 años. En otros casos se trata de personas que cumplieron condena en el sistema adulto, pero tenían pendiente otra sanción por un ilícito cometido como menores de edad, por lo que comenzaron a cumplir esta última cuando ya eran mayores de edad”.
En el informe elaborado por el servicio también se da cuenta de que los delitos más comunes por los que han sido sancionados los jóvenes y adultos que están en el sistema son los robos con violencia, con intimidación, en lugar habitado, receptación, hurtos, tráfico de droga y homicidio
Para el director de la unidad especializada en Responsabilidad
(ver infografía).
Penal Adolescente y Delitos Violentos, de la Fiscalía Nacional, Rolando Melo, esto se explica porque “el porcentaje de adolescentes que cometen delitos se concentra mayoritariamente en el grupo de los 16 a 17 años y, en consecuencia, cuando se dicta una sentencia de uno, dos o más años el condenado habrá alcanzado la mayoría de edad durante el proceso”.
En ese sentido, agregó que “resulta preocupante que del total de 9.806, más de la mitad sean adultos y, más aún, que al menos un 20% tiene múltiples sanciones, por lo que urge un sistema de unificación de sanciones y una norma clara que castigue de manera agravada cuando se cometen varios ilícitos”.
Para Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, la razón por la que más de la mitad de los imputados por RPA sean adultos se debe a que “una vez que son condenados como menores se mantienen en el Sename hasta el cumplimiento total de la condena”.
A este problema, dijo, se suma que las penas no se cumplen de manera simultánea, lo que deja en evidencia un problema de diseño del sistema de ejecución de sentencias. “Si estás cumpliendo una condena en libertad y te vuelven a condenar, tienes que esperar a que se cumpla la primera y ahí recién empieza la segunda. Esto atenta contra las posibilidades de reinserción efectiva de un joven y hace que el sistema tenga altas tasas de reincidencia”, explicó.
Para Sánchez estas cifras “no tienen lógica porque la intervención no está pensada para un rango etario mayor a los 18 años”. Señaló que para solucionar este tema las condenas se deberían cumplir simultáneamente, especialmente cuando la exten-