Asilo político a jueces venezolanos

El martes pasado el canciller Heraldo Muñoz confirmó el otorgamiento de asilo político a cinco magistrados que se encontraban en la sede de la embajada de Chile en Caracas desde fines del mes pasado. Los jueces, que fueron nombrados por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, se refugiaron en la representación chilena luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara su detención.

Esta decisión honra una actitud permanente de nuestro país, en orden a respetar el derecho de asilo y acoger a todos aquellos que con motivaciones fundadas y por razones políticas solicitan protección.

Pero más allá de valorar la decisión adoptada que, como señaló el embajador especial Gabriel Gaspar, responde a una tradición de la política exterior chilena y “al respeto de los compromisos internacionales firmados”, llama la atención que el gobierno siga negando que tras el reconocido quiebre democrático en ese país lo que se ha instaurado es un régimen evidentemente dictatorial. De no existir una abierta vulneración de las libertades individuales y del estado de derecho, no solo la solicitud sino que especialmente el otorgamiento de asilo diplomático no sería necesario, porque los ciudadanos venezolanos podrían defenderse por los cauces institucionales normales.

Nada de eso sucedió ahora, como lo dejó claro el propio canciller al decir que los jueces intentaron resolver su situación interna, pero no tuvieron éxito. Por ello sería valorable que el gobierno reconociera –más allá de su positiva disposición a buscar una salida dialogada- que lo que existe en Venezuela ya no es una situación de excepción sino una dictadura.