Ley de migración: condenados por DD.HH. no podrán ingresar a Chile
Además, Interior estudia procedimiento que norme situación de turistas irregulares.
El proyecto de ley de migración presentado este miércoles al Congreso, plantea prohibir el ingreso a Chile a ciudadanos extranjeros condenados, prófugos o con procesos pendientes relacionados a crímenes de lesa humanidad.
En el desglose de causales descritos en la norma, se encuentran aquellas personas vinculadas a genocidio, crímenes contra la humanidad, de guerra, de agresión, tortura, desaparición forzosa y ejecuciones extrajudiciales, así como todas aquellas “de similares características”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), valoró la propuesta del gobierno, al considerar que “un criminal de lesa humanidad no debería transitar libremente en ninguna parte del mundo”. No obstante, cuestionó “el doble estándar de la autoridad”, al sostener que en Chile “hay responsables de hechos similares que circulan libremente sin sanción penal”.
El diputado UDI Jorge Ulloa también se mostró a favor de este impedimento, y destacó que demuestra que en Chile “estamos en una sociedad que tiene delimitados los márgenes en cuanto a Derechos Humanos”.
Según detallaron desde el Ministerio del Interior, la responsabilidad del control migratorio continuará a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), con sustento en los registros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Regularización de turistas
presentado no solo niega el trabajo a todo turista, además modifica la sanción para quienes sean sorprendidos en ilegalidad, quienes en la actualidad padecen multas. Con los cambios propuestos podrían ser expulsados de Chile.
Desde el Ministerio del interior aseguraron que el permiso de visitantes podrá ser solicitado en un país extranjero, vía consulado, en el paso fronterizo o ya en Chile en la Departamento de Extranjería y Migración (DEM). Este último modo será más restringido, pero es analizado para aquellos turistas que hayan obtenido el permiso antes de la promulgación de la norma.
Sin embargo, estas consideraciones deberán quedar claras en el reglamento, el cual debe ser elaborado por el gobierno en un plazo máximo de un año de promulgada la ley.b