La Tercera

MATRIMONIO IGUALITARI­O

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SEÑOR DIRECTOR

En su entrevista de ayer en La Tercera, Pablo Simonetti comete, a mi juicio, dos graves errores en el contexto del debate sobre matrimonio y adopción homosexual.

El primero de ellos se refiere a la comprensió­n de la adopción como un derecho. En efecto, Simonetti señala que la diferencia entre el AUC y el matrimonio, radica –entre otras cosas– en los derechos relacionad­os a ambas institucio­nes. Entre esos derechos menciona la adopción y la filiación. A pesar de que se ha mencionado en reiteradas oportunida­des, es importante dejar en claro que no existe, ni puede existir –si no queremos cosificar a los niños– el derecho a adoptar. El único derecho que existe y se debe resguardar es el del niño a tener una familia.

En segundo lugar, se equivoca al rechazar el principio del interés superior del niño como criterio de toda acción del Estado. Simonetti indica que, si bien uno puede argumentar que lo ideal es que los niños sean educados por un padre y una madre, eso debe desecharse, porque la realidad destruye el ideal. Sin embargo, la aplicación de este principio lleva a la conclusión inversa: si la realidad es contraria al bienestar del niño, entonces habrá que modificar la realidad, no profundiza­r en ella.

Lo peor que puede ocurrir en esta discusión, es dejar de considerar los derechos de los terceros inocentes directamen­te implicados: los niños.

Cristóbal Aguilera Medina Coordinado­r legislativ­o ONG Comunidad y Justicia zación en cuestión de horas. ¿Acaso, entonces, sí estaban las condicione­s para dar una opinión fundada y aprobar una medida de esa naturaleza? Ojalá el ministro Céspedes, como lo hizo ahora, se hubiera tomado el tiempo necesario.

Matías Asún

Director Nacional Greenpeace en Chile órgano técnico (Fiscalía Nacional Económica) y el tribunal especializ­ado (Tribunal de Defensa de la Libre Competenci­a), sin injerencia de autoridade­s políticas. ¿Por qué no establecer lo mismo en la evaluación ambiental?

La intromisió­n política en la evaluación técnica de proyectos a desarrolla­rse solo genera discrecion­alidad e incerteza, justamente los elementos que evitan las empresas al decidir invertir en nuestro país.

Santiago Ried Abogado

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