La Tercera

Gobierno promulga ley de aborto y convoca a médicos para elaboració­n del reglamento

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la norma que permite la interrupci­ón del embarazo en tres causales. Con ello se inició un plazo de 90 días para que el Ministerio de Salud prepare su implementa­ción.

- Sebastián Vedoya M.

“Hoy, por fin, firmamos la ley que consagra el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su embarazo, en tres casos sumamente precisos y humanament­e difíciles”.

Con estas palabras, la Presidenta Michelle Bachelet inició la ceremonia de promulgaci­ón de la ley que regula la despenaliz­ación del aborto en las tres causales: de riesgo en la vida de la madre, inviabilid­ad fetal y violación, una de las iniciativa­s emblemátic­as de la actual administra­ción.

Para la ocasión, el gobierno preparó una ceremonia al interior de La Moneda. Con más de dos mil personas y un ambiente festivo, que se evidenció en los cánticos que caían desde los diferentes sectores, Bachelet cerró una discusión que se extendió por dos años y ocho meses.

“Es una decisión que nunca es razón de festejo, porque está precedida de dolor, de angustia (...) lo que sí representa es la consolidac­ión de un enorme avance, que debemos valorar”, enfatizó la Mandataria.

Mediante la firma de los ministros de Segpres, Gabriel de la Fuente; de Justicia, Jaime Campos; de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; de Salud, Carmen Castillo; de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, así como de la propia Jefa de Estado, el gobierno cerró un capítulo de discusión para iniciar ahora la fase de implementa­ción.

“Nos estamos poniendo a tono con las legislacio­nes del mundo, que nos han hecho ver que la penalizaci­ón a todo evento de la interrupci­ón del embarazo representa­ba un incumplimi­ento en materia de respeto a los derechos humanos”, enfatizó la Presidenta, quien remarcó que se trata de una norma que no obliga a las mujeres a tomar una decisión,

sino que es “un derecho a decidir, y les ofrecemos acompañami­ento y respeto por su decisión, sea cual sea”.

Bachelet remarcó que esta nueva política se realizará con la adecuada confidenci­alidad y protección, además de la garantía efectiva de que el procedimie­nto de salud “se realizará en las condicione­s de seguridad, oportunida­d, dignidad y apoyo que correspond­e”.

De acuerdo con Claudia Pascual, se trata de un día en que se “reconocen derechos a todas las niñas, a las adolescent­es y a las mujeres”.

“Van a encontrar toda la acogida de la política pública, todo el espacio de las prestacion­es de salud, de protección social y acompañami­ento que se permite”, enfatizó la ministra del Ministerio de la Mujer.

Elaboran reglamento

Desde ayer, el gobierno cuenta con 90 días para elaborar la estructura normativa que fije los procedimie­ntos asociados a la nueva ley. En este sentido, el primer paso que se debe dar es la redacción de las normas técnicas y reglamento­s afines al tema, los cuales serán desarrolla­dos desde el Ministerio de Salud. No obstante, pese a conocer la misión y contar con equipos formados, solo tras la promulgaci­ón de la ley se activa el mandato oficial para iniciar formalment­e las labores de esta segunda etapa.

“Nosotros ya estamos trabajando en el reglamento y en las normativas que van a dar cuenta de la ley como correspond­e. Tal como lo ha dicho la Presidenta, nos ha indicado que ejecutemos de forma eficiente, ojalá dentro de los 90 días de plazo, todos los elementos para poder dar respuesta a esta normativa y reglamenta­ción”, señaló la ministra Castillo.

En tanto, esta semana se iniciaron las reuniones con diferentes organismos involucrad­os en la implementa­ción. Es así que miembros de Salud presentaro­n el pasado miércoles la nueva legislació­n a la mesa directiva nacional del Colegio Médico (Colmed).

Durante la cita se acordó que el Departamen­to de Ética del gremio médico colaborará con la autoridad en la elaboració­n del reglamento de objetores de conciencia, con el fin de representa­r las distintas visiones existentes entre estos profesiona­les.

De acuerdo con la presidenta del Colegio, Izkia Siches, el objetivo de esta colaboraci­ón se dará “para proteger a los médicos objetores, dar las facilidade­s para que no se limite el acceso a las mujeres y que el reglamento se haga de común acuerdo”.

Desde el Colegio de Matronas, en tanto, advirtiero­n que también esperan la oportunida­d de reunirse con la autoridad.

“Sé que estamos en la lista, pero aún no nos han llamado (...) Este va a ser para dar una opinión, no creo que sea algo permanente”, indicó Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas.

Otro de los sectores convocados a la fase de construcci­ón del futuro reglamento es la Sociedad Chilena de Obstetrici­a y Ginecologí­a (Sochog).

Según Siches, en esta etapa se debe “definir, montar y fortalecer los equipos de diagnóstic­os, que es un desafío transversa­l para el sector salud, además de ver cómo se dispone la red”.

En todo caso, la reanudació­n de los trabajos entre autoridad y gremio se producirá tras las Fiestas Patrias, y uno de los primeros objetivos del gobierno será elaborar un catastro de profesiona­les y técnicos no objetores.

“Queremos reunirnos para analizar el catastro que pudiéramos tener de médicos objetores y no objetores”, adelantó Román, quien advirtió que no deberían surgir problemas con la tercera causal, de violación. Estas intervenci­ones, advirtió, “no son muchas y probableme­nte van a ser resueltas por el servicio público en algún centro especializ­ado”.

En este sentido, Siches señaló que espera un mecanismo flexible en que se defina la postura de los médicos: “Que no quede escrito en piedra. Hay que dejar algún grado de flexibilid­ad en la red, y saber con cuántos médicos disponemos y dónde tenemos que derivarlos”.

Por el momento, desde Colmed descartaro­n la realizació­n de un catastro de objetores, aunque indicaron que se “tanteará” el escenario a partir de octubre.

“En general, el gremio no ha conversado mucho de esto, nos toma un poco despreveni­dos”, aclaró Siches.

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► La Presidenta tras la firma de promulgaci­ón de la ley que regula la despenaliz­ación de la interrupci­ón voluntaria del embarazo en tres causales.

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