INCERTIDUMBRE EN COLEGIOS
SEÑOR DIRECTOR
Según las últimas cifras oficiales entregadas por el gobierno en julio, se calcula que más de un millón de estudiantes asisten a establecimientos que no estarían en condiciones de recibir financiamiento público el próximo año debido a que sus sostenedores tienen fines de lucro. Esto equivale a casi un tercio de la matrícula total.
La situación es de tal gravedad que un grupo de senadores oficialistas presentó un proyecto de ley para prolongar el plazo que tienen los sostenedores de establecimientos subvencionados para transformar se en personas jurídicas sin fines de lucro. Pero es evidente que la solución no pasa simplemente por esto. Si no se corrigen los problemas de fondo que ha producido la “Ley de Inclusión”, nos encontraremos en la misma situación cada vez que esté por cumplirse el mencionado plazo.
La obligación de los sostenedores de ser dueños de la infraestructura, las múltiples restricciones al uso de los recursos y la imposibilidad de solicitar una colaboración estable a las familias, entre otros problemas asociados a la reforma educacional, han paralizado el sector educacional particular subvencionado, lo que fue advertido por expertos de todos los colores políticos durante su tramitación.
Es urgente una reforma a la reforma, que le devuelva dinamismo al sistema y le entregue la flexibilidad necesaria para funcionar y desarrollar se. Es comprensible que queramos cuidar los recursos públicos, pero esto es compatible con la entrega de autonomía a los sostenedores si se acompaña de exigencias en términos de resultados y transparencia.
María Cristina Tupper
Libertad y Desarrollo