Fiscalía se enfrenta al gobierno y pide mantener prisión a huelguistas
Persecutor de La Araucanía, Cristián Paredes, alertó que el fin del arresto pondría en riesgo la seguridad de los testigos. Familiares de los comuneros buscarán reunirse con la Presidenta Bachelet y el timonel de la Corte Suprema.
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Hoy se cumplen 116 días de huelga de hambre de los cuatro imputados por la quema de un templo evangélico, en junio de 2016, en La Araucanía. Su manifestación derivó un complejo cuadro médico de Alfredo Tralcal, Ariel, Benito y Pablo Trangol, que llevó al gobierno a tomar medidas, tanto en lo político como en lo jurídico, en su condición de querellantes en la causa.
Fue pasadas las 21 horas del miércoles que el Ejecutivo, a través del ministro del Interior, Mario Fernández, anunció que pedirán a los tribunales que los comuneros en huelga no sigan en prisión preventiva. También se dio a conocer una ofensiva legislativa para dar urgencia a la discusión de la Ley Antiterrorista, que se trasladen los delitos que se contemplan en esta ley al Código Penal, y que modifique la norma para poder fijar plazos para la prisión preventiva en todos los ilícitos.
La solicitud del gobierno de cambiar el arresto de los huelguistas se llevará a cabo hoy, en una audiencia de revisión de medidas cautelares de dos de los imputados, a través del abogado querellante del Ejecutivo. Ayer, sólo restaba conocer la posición de la fiscalía, la cual se mostró contraria a la postura de La Moneda e insistirán en la prisión preventiva.
El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, señaló que “nosotros tomamos conocimiento a través de las noticias de dicha situación. La actuación que hagan la intendencia y el gobierno en cuanto a querellante en esta u otra causa, forma parte de sus atribuciones”.
Agregó: “Quien tiene la obligación de investigar y de acusar a los responsables es la fiscalía. El Ministerio Público tiene un rol fundamental que es indagar ilícitos, pero otro que es igualmente importante es dar protección a víctimas y testigos, en casos tan graves como en el atentado al templo evangélico acontecido en el sector Niágara”.
La huelga de hambre de los imputados no sería motivo para aplacar el requerimiento de la fiscalía, y su posición sólo se fundamenta en los antecedentes que maneja el Ministerio Público. “Estimamos que la libertad de los imputados es peligrosa para la seguridad de los testigos que declaran en el proceso y no hay ninguna variación en cuanto a la seguridad para la sociedad, en cuanto al peligro para ella”, explicó.
Por su parte, en el gobierno no hubo más vocerías desde Interior, pero quien sí se refirió a la situación fue la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien sostuvo que “estamos muy preocupados por la salud de estas personas, por lo que esperamos que la posibilidad de modificar las cautelares sea un gesto que permita destrabar y terminar con la huelga. Todos sabemos que es peligrosa y puede llevar a desenlaces que nadie quiere”.
El abogado del huelguista Benito Trangol, Cristopher Corvalán, advirtió que “la fiscalía, como órgano del Estado, está obligada a actuar de acuerdo a la Constitución y a los estándares internacionales en relación a los pueblos indígenas, y en esta como en otras oportunidades no lo está haciendo”.
Reacciones
El anuncio del Ejecutivo de establecer plazos para la duración de las prisiones preventivas en todos los delitos trajo distintas lecturas. Para el senador RN Alberto Espina, “el gobierno fue débil y se dejó presionar por la huelga de hambre de cuatro acusados por grave delito terrorista, que consistió en quemar una iglesia evangélica donde había niños y mujeres, donde agredieron brutalmente a quienes estaban al interior de ella”.
Su par PPD, Jaime Quintana, sin embargo, defendió la decisión del Ejecutivo y manifestó que “es una medida acertada, que no cambia los efectos de fondo y del procedimiento, pero que sí respon- de a razones humanitarias”.
Los jueces también se manifestaron. El vocero de la Asociación de Magistrados, Eduardo Gallardo, evitó referirse al caso en concreto, aunque indicó que fijar un plazo en la prisión preventiva “es una señal positiva, por cuanto en un proceso penal en un Estado democrático de derecho, una de las peores afectaciones o vulneraciones que pueda haber a los derechos fundamentales de un ciudadano es la prolongación excesiva de la prisión preventiva sin juicio y sin condena”.
En tanto, el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, expresó que “se requiere el uso racional de la prisión preventiva, específicamente en el caso de La Araucanía, pero también en los casos a lo largo de Chile”. ●