El nuevo Dominga
El gobierno salió jugando hacia adelante en la crisis asociada con el rechazo del proyecto minero Dominga. La Presidenta logró instalar una agenda verde, que además coincidió en el tiempo con la conferencia sobre los mares en la Cuarta Región y, sin duda, el estreno en Chile del nuevo documental de Al Gore, con varias referencias positivas al país por su impulso a energías renovables.
El factor verde se incorporó hábilmente al legado, y los actores financieros, en una parte por las señales de mejor precio de las materias primas, y en otra, por el reemplazo gatopardista en el equipo económico, no armó mayor alharaca por el rechazo de un enorme proyecto minero.
Pero nuevamente el gobierno se enfrenta a otra crisis interna, esta vez por la operación llamada Huracán, nombre no muy adecuado, pues recuerda los problemas políticos de Francia y EE.UU. por los impactos de los ídems en sus posesiones caribeñas.
Esta vez la diferencia la planteó el ministro Barraza, a cargo del ministerio que tiene hoy día los asuntos indígenas, que hizo un punto de diferencia enorme con la estrategia que llevaba el Ministerio del Interior de mostrar un golpe a la violencia en la Región de La Araucanía. En voces bajas, muchos en el oficialismo, incluyendo las candidaturas, simpatizan con el ministro.
Para el gobierno, esta vez, el modelo green carpet que se ocupó para salir jugando del conflicto Dominga no es replicable.
En primer lugar, pese a las eternas cantatas de los candidatos presidenciales de la derecha, La Araucanía no es una zona en llamas. En los feriados, el balneario de Pucón está lleno y quienes circulan por la Ruta 5 en los alrededores de Temuco ven pasar los camiones llenos de productos de la industria forestal, siendo -estadísticamente- los casos de violen- cia muy aislados.
El propio fiscal regional, que hoy aparece como la figura más visible de la Operación Huracán, señaló en su cuenta pública en 2016 que no se podía hablar de ‘conflicto mapuche’ (sic), porque era, a juicio del persecutor, una “expresión generalizadora que no se condice con el respeto que merece un pueblo originario, ni con la realidad estadística”.
Eso hace que la excesiva cartelización del conflicto mapuche sea visto como un pretexto para discriminar a los imputados de dicha etnia, como hizo ver el periodista Pedro Cayuqueo en una columna en este medio. Para más mala suerte, el gobierno argentino tiene un lío por la desaparición de un activista en su zona de conflicto. Los mismos que en los foros internacionales aplaudieron a la Presidenta por su agenda verde, fruncirán el ceño cuando se hable del tema mapuche.
Pero aunque los episodios son aislados, tienen una violencia inusitada y cruel, como el asesinato de la familia Luchsinger y las quemas de bienes que pertenecen a líderes mapuches. Para cualquier gobierno es imposible dejar dichos crímenes en la impunidad, por la sensación de temor e inseguridad que generan. No han ayudado mucho Carabineros y los fiscales que, pese a la exhibición exagerada de pruebas y allanamientos violentos a comunidades, no han sido capaces de construir casos sólidos ante los tribunales, complicando la madeja para el Ministerio del Interior, dejándolo atrapado entre francotiradores de izquierda y derecha.
Para los teóricos del legado, dejar sin resolver el caso Luchsinger y enfrentarse a las críticas por represión discriminatoria contra pueblos originarios es una tormenta peor que los huracanes Irma y María que azotaron el Caribe.
Ingeniero Civil Industrial MBA.