CASO ANGUITA

SEÑOR DIRECTOR

Encontrándose nuestros legisladores maniatados por las investigaciones del Ministerio Público (MP) que les inhiben legislar con valentía para enfrentar los abusos y carencia de verdadero control en las actuaciones del MP, debemos alertar la situación que enfrenta nuestro estado de derecho. El fiasco del “caso Anguita” ilustra la magnitud del problema. El MP investiga con un estándar indebido: solo el necesario para triunfar en el veredicto popular, más no ante un Tribunal de Justicia. De otra forma no se explica que un ciudadano permanezca dos años privado de libertad para luego ser absuelto en forma unánime. Parece evidente que el MP llevó a juicio a una persona por las “inconsistencias” en su relato pero no se hizo cargo de probar realmente el delito que le imputaba.

Es inadmisible que el celo investigativo del MP sea solo suficiente para formalizar, obtener preliminares medidas cautelares o eventualmente forzar al imputado a aceptar un procedimiento abreviado que evite el debate en juicio oral de las imputaciones y pruebas reunida por el MP. Las revelaciones de antecedentes de la investigación –tantas veces denunciadas, pero jamás sancionadas por el MP- revelan una tácita aceptación, cuando no un uso estratégico de los alcances comunicacionales de las investigaciones penales.

Si no se adoptan medidas correctivas se terminarán de erosionar las libertades individuales. El “caso Anguita” no es aislado, por lo que el MP debe revisar sus procedimientos. Ya no se trata de los poderosos, como se dijo en el caso Penta; se trata de cualquier ciudadano que enfrenta al poder punitivo del MP.

Gabriel Zaliasnik