Fiscalía defiende la aplicación de la Ley Antiterrorista
Fiscal nacional calificó al Ejecutivo como “un interviniente más” en la causa por la quema de un templo.
Abbott dijo que seguirá invocando esa ley en caso de mapuches huelguistas.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, restó importancia al rol que juega el gobierno en la causa judicial que se sigue contra cuatro comuneros mapuches, los que se encuentran acusados de incendio terrorista por el ataque a un templo evangélico, ocurrido el año pasado en La Araucanía.
En el marco de este proceso, los imputados Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol protagonizaron una huelga de hambre que duró más de 100 días. La medida de presión fue depuesta luego de que el gobierno, querellante en la causa, indicara que modificará la acción legal y que quitará el carácter terrorista a la acusación que presentaron. Además, pidieron que los acusados no siguieran en prisión preventiva.
Respecto de este escenario, Abbott indicó que “el gobierno es un interviniente más. En consecuencia, las decisiones que tomen no corresponde que el Ministerio Público las comente (...); hemos acusado bajo esa convicción y la mantenemos. Entendemos que la conducta de las cuatro personas que estamos imputando se encuadra bajo una ley que está vigente en Chile y que es la Ley Antiterrorista y, en con- secuencia, seguiremos adelante hasta el final sosteniendo dicha calificación”.
La máxima autoridad del Ministerio Público también descartó que la decisión del Ejecutivo pueda debilitar su causa. Y respecto de si sentían que La Moneda “los dejó solos”, Abbott respondió que “para nada, cada uno tiene que cumplir su rol y su función. Nosotros cumplimos la nuestra, independientemente de lo que realicen otros intervinientes”.
En este sentido, recordó que “esto puede ocurrir con otros órganos del Estado, como el Consejo de Defensa del Estado, en que a veces tenemos calificaciones jurídi- cas diferentes respecto de algunos delitos funcionarios y, en consecuencia, es el tribunal el que tendrá que resolver cuál es la calificación jurídica que corresponda”.
Y respecto a si hay terrorismo en La Araucanía, el fiscal nacional respondió “hay actos que pueden ser calificados de terroristas”.
Respecto de los dichos de Abbott, el senador PPD por la IX Región, Jaime Quintana, señaló que los hechos por los cuales están acusados los comuneros “son delitos graves, no tengo tan claro que calcen con la definición de delito terrorista, pero la opinión que prima acá efectivamente es la de la fiscalía”.
Ante la consulta sobre si el fiscal nacional estaba menospreciando el rol del Ejecutivo en esta investigación, Quintana indicó que “el responsable de conducir la investigación es el Ministerio Público, no el gobierno”.
Prisión preventiva
En el marco de las gestiones que realizó el gobierno para que los comuneros mapuches depusieran la huelga de hambre, el ministro del Interior, Mario Fernández, anunció dos medidas legislativas.
La primera, poner urgencia al proyecto que modifica la Ley Antiterrorista, y la segunda, introducir un cambio al Código Procesal Penal, que limita el uso de la prisión preventiva como medida cautelar.
Según explicaron desde el Ejecutivo, esta medida persigue evitar casos de personas que permanezcan extensos períodos de tiempo en la cárcel y finalmente resultan absueltas. O sea, evitar que se convierta en una condena previa.
Ante esta iniciativa, Abbott manifestó que “desconozco cuál es el sentido del proyecto, pero creo que uno tiene que tener particular cuidado cuando realiza modificaciones legales y, particularmente, cuando ellas se realizan a raíz de ciertos hechos que hacen que la reflexión no sea muy profunda, porque si uno piensa en limitación de las prisiones preventivas, puede encontrarse con situaciones bien complejas”.
En la misma línea, Abbott agregó que “cualquier modificación legal no debe ser sólo una reacción a una huelga de hambre o una situación coyuntural, sino que una reflexión seria y profunda sobre los alcances que tiene una medida de esa naturaleza”. ●