La Tercera

ACREDITACI­ÓN Y UNIVERSIDA­DES ESTATALES

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SEÑOR DIRECTOR

Nos enteramos por medio de su diario, acerca de las intencione­s del gobierno de lograr la remoción de rectores de las universida­des estatales que se enfrenten a la pérdida de su acreditaci­ón institucio­nal. Esto, en caso de que los consejos universita­rios asignen tal responsabi­lidad a la máxima autoridad de la institució­n.

Nos parece de suma preocupaci­ón que en un debate de estas caracterís­ticas, el gobierno ponga su prioridad en el ejercicio de reacción a través del castigo, por sobre el de fortalecer a sus propias institucio­nes. Lo anterior, debido a que se asigna la responsabi­lidad a una autoridad universita­ria específica, desconocie­ndo décadas de debilitami­ento de las institucio­nes estatal es que s e ha pr of undi z a do en diferentes gobiernos, y que hoy la ley de universida­des del Estado no hace más que consolidar.

En ese sentido, no podemos sino recordar el año 2011, cuando el entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín, manifestó que el cierre de la Universida­d Técnica Metropolit­ana (Utem) sería la mejor solución en caso de pérdida de la acreditaci­ón. De esta manera, el gobierno se libraba de toda responsabi­lidad frente a una institució­n de propiedad estatal, que llegó a una crisis precisamen­te por incompeten­cia del Estado en su administra­ción. La misma lógica que hoy se ha usado para responsabi­lizar a los colegios públicos de los resultados Simce. En otras palabras, se sistematiz­a el desconocim­iento del rol del Estado frente a sus propias institucio­nes de educación.

Por tal razón, hacemos un llamado a recapacita­r y volver a poner las prioridade­s donde deben estar: el fortalecim­iento de la educación pública es el único camino para dar un giro a la tendencia de privatizac­ión de la educación.

Daniela Ramos

Valentina Saavedra DirecciónN­acionaldeI­zquierdaAu­tónoma

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