Tres ejecutivos de CGE del Maule formalizados por incendios forestales
Por el presunto delito de incendio forestal por uso negligente o imprudente de fuente de calor, contenido en la ley de bosques, fueron formalizados tres altos ejecutivos de la empresa CGE Distribución S.A., de la Región del Maule.
Según el Ministerio Público, los imputados incumplieron la normativa vigente respecto de la mantención de las franjas de seguridad por donde pasa el tendido eléctrico. Esto habría ocasionado cuatro incendios que abarcaron más de cuatro mil hectáreas, en la comuna de Curepto, y que dejó 130 personas damnificadas.
En una concurrida audiencia, que por motivos de espacio se realizó en el cuartel de bomberos de Curepto, y a la que asistieron 90 víctimas, el fiscal regional, Mauricio Richards, formalizó la investigación en contra de Juan Ortega Muñoz, gerente zonal de CGE; Pablo Loyola Apablaza, jefe de mantenimiento, y Leonardo Sazo Recaval, técnico eléctrico de la misma empresa.
El persecutor argumentó que “la normativa que regula el uso de energía eléctrica fue vulnerada por la empresa CGE, a través de sus ejecutivos, y a raíz de ello se generaron al menos cuatro incendios”.
Richards adelantó que los mismos ejecutivos y otros funcionarios de la empresa serán formalizados el 24 de octubre por otros siniestros registrados en el sector de Aquelarre.
Por su parte, el fiscal jefe de Licantén , José Alcaíno, informó que al menos tres siniestros registrados entre 2016 y 2017 se originaron por la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, debido a la presunta mala mantención de la franja de seguridad.
El fiscal regional, además, destacó que “hemos tenido diálogos con la empresa y es probable que podamos tener algún tipo de reparación para las víctimas”.
El abogado de los tres ejecutivos, Cristián Muga, defendió la inocencia de sus defendidos y destacó que “la compañía siempre ha manifestado su compromiso con la comunidad y esta no será la excepción”.
Al gerente zonal y al jefe de mantenimiento se les decretó firma mensual y arraigo nacional, mientras que el técnico eléctrico sólo quedó con arraigo. Se dictaminó ocho meses como plazo de investigación. Los imputados arriesgan penas que van desde 541 días a cinco años de presidio. ●