ARREMETIDA FISCALIZADORA A LAS AFP .

Es lamentable que el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de AFP estén utilizando discrecionalmente sus facultades para desprestigiar a un sector.

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El Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de AFP -entidad que jerárquicamente depende de dicha cartera- han dejado caer toda su artillería fiscalizadora y mediática en contra de la AFP Capital, cuestionando severamente el viaje al Caribe que la administradora ofreció a sus colaboradores más destacados, como parte de su política de incentivos. La polémica surgió a raíz de una denuncia que hizo el ex abanderado del Frente Amplio, Alberto Mayol, quien acusó a dicha AFP de no hacer buen uso de los recursos provenientes de las comisiones que pagan los afiliados. Ante el generalizado revuelo, la propia AFP y el gremio que reúne a las administradoras calificaron esta actividad de poco afortunada y ofrecieron disculpas a los afiliados.

Pero más allá de la legítima discusión de cuál debería ser una adecuada política de incentivos en una AFP -parece evidente que la imagen que proyectó la compañía a la luz de los videos que han circulado resultó muy poco feliz, y de escasa sensibilidad con el momento político actual-, resulta especialmente grave que la propia autoridad se haya hecho eco de infundios, validando la posibilidad de que dicha actividad se pudo haber financiado con fondos de los afiliados. Así, el superintendente de AFP ofició a la administradora para que indique a la brevedad de qué forma se financió el viaje y que respalde todos los gastos. “Queremos estar seguros de que no hay ni un recurso, ni un peso de los fondos de pensiones financiando ese viaje”. A su vez, la ministra del Trabajo aseguró que la “injustificable fiesta de AFP Capital solo demuestra que hacemos lo correcto al crear un sistema de ahorro colectivo con administración estatal”, e instruyó oficiar a to- das las AFP, pues “las comisiones son para administrar fondos, no para hacer fiestas”.

Aun cuando la AFP ha explicado que dicha política de incentivos se financió con recursos propios, la autoridad insiste en cuestionar el viaje, resultando abusivo que sin prueba ni fundamento alguno asuma que esta actividad se pudo haber financiado con fondos de los afiliados, y gratuitamente extienda la duda hacia todo el resto del sistema. El sistema previsional chileno establece férreos resguardos para cautelar la intangibilidad de dicho ahorro, aportes que son de propiedad de cada trabajador y se contabilizan en una cuenta individual. Las AFP se financian exclusivamente con el cobro de comisiones, por lo que es inexcusable que el regulador aliente deliberadamente esta confusión.

Resulta intimidatorio que producto del uso discrecional de las facultades del regulador, a partir de ahora cualquier actividad“privada” que realice alguna empresa perteneciente aun sector regulado-bancos, sanitarias, AFP, entre otras -, pueda quedar automáticamente bajo sospecha y obligada a rendir cuentas en aspectos que la ley no contempla expresamente. Las superintendencias son organismos eminentemente técnicos, por lo que resulta perjudicial para el sistema cuando desbordan sus facultades y entran en la arena política, debilitando la indispensable certeza jurídica y neutralidad. Los ejemplos de este debilitamiento institucional -que tanto daño causan al país- se han multiplicado estos últimos años, principalmente por el excesivo ideologismo con que se han emprendido las reformas estructurales, a lo que también ha contribuido la pusilanimidad de algunos actores para salir al paso de estas asonadas.