Fácil es opinar, difícil es decidir
Revisando artículos sobre el conflicto que por estos días vive España, y que pone en severo riesgo su integridad como nación, leí la simple frase que da título a esta columna. Simple pero muy cierta, en particular cuando se trata de enfrentar situaciones severamente dramáticas. Es de esa naturaleza la decisión tomada por el gobierno, con el objeto de poner término a la huelga de hambre que llevaban adelante comuneros mapuches, todos formalizados en la causa en que se investiga el grave delito de incendio de un lugar de culto, en el marco de la ley que determina conductas terroristas. Para conseguir el fin de la medida extrema de las imputados, la autoridad gubernamental solicitó la rebaja en la medida cautelar dispuesta por la justicia, sin conseguirlo, y también anunció que retiraba su tesis jurídica de estar frente a una conducta terrorista, resultado que está por verse, pues serán los tribunales los que en su oportunidad deberán resolver sobre este tema de fondo. Para decirlo claramente, no es el Poder Ejecutivo el que decide si un hecho tiene o no el carácter de terrorista, simplemente invoca la ley como uno de los titulares de la acción, pero no exclusivo.
Qué duda cabe que la decisión del gobierno era compleja, y la que tomó en definitiva tuvo como elemento fundamental evitar el riesgo de vida de los ayunantes.
Más o menos explicaciones, es la misma decisión que años atrás tomó el gobierno de Piñera, por eso llama la atención la ligereza con que criticó al gobierno, olvidando muy rápidamente su propia historia.
Qué duda cabe también que este tipo de decisiones dañan la pretensión punitiva del Estado frente a estos hechos delictuales. Ese bien jurídico es postergado por otro, cautelar la salud y en su extremo la vida. Fácil es opinar y difícil decidir.
Sin embargo, los hechos y sus efectos no quedan allí, faltaba una entrevista y sus consecuencias.
El ministro de Desarrollo Social estimó del caso recetarse una entrevista en la que negó la existencia de acciones terroristas en la región de La Araucanía. Es legítimo que una persona sostenga aquello, lo complejo resulta que dicha persona sea miembro del gabinete de un gobierno que, por el contrario, estima que hay casos de acciones terroristas, y justamente por aquello es que ejerce las acciones que la ley le otorga para combatirlo; una contradicción flagrante, sin posible explicación. No paró allí, pues estimó del caso criticar la forma y modo en que el Estado ejecutó las órdenes judiciales que permitieron la captura de personas imputadas y luego formalizadas como integrantes de una asociación ilícita; sobre esa calificación preliminar se desarrollará la investigación. Esa entrevista aún produce efectos. La autoridad del Ejecutivo encargada del tema, se encuentra en una situación ignota, plena de interpretaciones. En efecto, el subsecretario del Interior, un muy buen funcionario - este articulista puede dar fe de aquello-, no sabemos si retomará o no su tarea.
Nadie duda que uno de los temas más complejos que enfrenta el país es la situación de nuestros pueblos originarios, en especial del pueblo mapuche. Solo con valentía, generosidad y un gran acuerdo podremos enfrentar el desafío, pero paralelamente es imposible para cualquier gobierno ser neutral frente al delito, bajo pretexto de una eventual legitimidad de origen de la comisión de delitos.
Al ministro Barraza también le viene bien la frase “Fácil es opinar, difícil es decidir”.