Informe internacional critica alza de prisión preventiva en Chile
Centro de Estudios de Justicia de las Américas entregó informe al gobierno. Cifras de la fiscalía muestran un aumento de 6,3% entre enero y junio de 2017.
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Ayer, en el Ministerio de Justicia se realizó la reunión bimestral de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Las autoridades presentes, entre los que estaban el ministro de la cartera, Jaime Campos; el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, escucharon las conclusiones del estudio “Evaluación de la Reforma Procesal Penal a 10 años de su implementación en todo el país”, realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja). Este organismo internacional tiene como miembros a todos los países integrantes activos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el documento se analizó el rol que han tenido todos los actores del sistema penal, así como el uso de las medidas cautelares. En este sentido, el escrito detalla que estas resoluciones han tenido un sostenido incremento y que, “en general, hay un cambio en el paradigma punitivo; las medidas cautelares son vistas ya no excepcionalmente, sino como necesarias en cierta categoría de delitos”.
El reporte del Ceja, además, dedicó un ítem para analizar la prisión preventiva. Se explica que “la más gravosa de las medidas cautelares también anota alzas sostenidas en su aplicación. Posibles explicaciones a tal fenómeno serían: la falta de mecanismos de control sobre otras medidas menos gravosas; las reformas legislativas que han desvirtuado el espíritu original del sistema; así como también presiones mediáticas y de opinión pública que propugnan una mayor severidad contra la delincuencia, influyendo en las decisiones de los jueces”.
Las advertencias sobre esta tendencia tienen su correlación con las estadísticas que maneja el Ministerio Público. Mientras que en el primer semestre de 2016 se dictaron 11.439 prisiones preventivas, en los primeros seis meses de este año la cifra se elevó a 12.163. Es decir, un 6,3% de aumento.
Juan Enrique Vargas, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, señaló que entre los factores que inciden en esta tendencias están “los cambios normativos, que han restringido las facultades de los jueces para tramitar los procesos con los imputados en libertad”.
Archivo provisional
Respecto del archivo provisional de las causas, el documento señala que “no siempre se aplica para la finalidad para la que fue diseñado (esperar a la existencia de más antecedentes para reabrir el caso). Las grandes áreas críticas en la aplicación de los mismos son el bajo nivel de análisis de la información existente que permita reabrir los casos y la deficitaria política de comunicación con la víctima”.
La situación de los afectados por los ilícitos también es parte del informe. Se indica que “las víctimas de delitos más gravosos se manifiestan, en general, conformes con la protección y atención brindados por el sistema. Por el contrario, las víctimas de delitos menos severos se manifiestan menos conformes con el trato que se les brinda y con las facultades que tienen para continuar con la investigación”. En este sentido, Vargas indicó que “la reforma demostró ser muy eficaz en el tratamiento de la delincuencia flagrante, y no tan eficiente en la investigación de los delitos. Sólo los más relevantes son los que realmente se investigan con reales posibilidades de éxito”.
Respecto del Ministerio Público, el informe cuestionó que el sistema de evaluación de los fiscales sea poco transparente. Además, calificaron las salidas alternativas, como la suspensión condicional del procedimiento (paralización del caso luego de que el imputado se compromete a cumplir un acuerdo) como una medida de “descongestión” de los procesos judiciales más que una forma “efectiva” de resolver los conflictos.
Junto con esto, también criticaron que no existen “consecuencias efectivas” respecto de los procedimientos policiales irregulares, como la detención ilegal.
Jaime Campos señaló que tras escuchar el estudio “surgió con mucha fuerza la necesidad de contar con tribunales o con jueces de ejecución de pena, esa es una suerte de vacío que existe en nuestra legislación, que como ministerio lo hemos estado estudiando”.
En tanto, Hugo Dolmestch dijo que “veremos en las próximas reuniones si se hará un planteamiento formal al Poder Ejecutivo y Legislativo, para que las soluciones de fondo (que plantea le informe) puedan darse”.