LA FALLIDA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO CATALÁN
Cabe esperar que la decisión de la Generalitat de dejar en suspenso la declaración de independencia permita avanzar hacia el restablecimiento de la legalidad.
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“Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato de que el pueblo de Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de república”, anunció el martes ante el pleno del Parlament catalán el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sin embargo, lo que parecía el preámbulo de la anunciada declaración formal de independencia por parte de la cúpula del gobierno catalán, muy luego se convirtió en otra muestra más de la improvisación que ha marcado todo el proceso llevado a cabo por quienes promueven la separación de Cataluña.
Puigdemont, en lugar de avanzar hacia la concreción de la independencia, decidió “dejarla en suspenso” y convocar a un diálogo sin el cual, aseguró, “no es posible llegar a una solución acordada”. Resulta irónico que quien hasta ahora había mostrado una postura intransigente frente al proceso independentista, decida finalmente apostar por el diálogo.
Lo anterior vuelve a dejar en evidencia que la apuesta impulsada por el actual presidente de la Generalitat responde más al voluntarismo de un sector de la dirigencia catalana que a un plan seriamente elaborado sobre el camino que debería seguir una eventual república independiente. Enfrentado al momento decisivo de la prometida declaración y luego de insistir en la validez de un referéndum cuya ilegalidad quedó meridianamente clara por la sentencia del Tribunal Constitucional de España, Puigdemont optó por ganar tiempo y evitar que Madrid aplicara en forma inmediata el artículo 155 de la Constitución que le permite tomar control de Cataluña. El problema es que su apuesta volvió a ser fallida, porque el gobierno de Mariano Rajoy y la clase política española mostraron su abierta oposición a transar una eventual secesión de Cataluña. Hacerlo, además, contravendría la legalidad vigente en España, considerando que todo el proceso impulsado por la Generalitat se ha llevado al cabo al margen de la ley.
El éxodo desde Cataluña de cerca de una veintena de empresas en los últimos días, que se suman a las más de cuatro mil que han dejado esa región en los últimos cuatro años ante la creciente incertidumbre independentista, dejan en evidencia la fragilidad de un eventual estado catalán. El actual liderazgo de Cataluña ha basado, en parte, su discurso independentista en las favorables condiciones económicas de esa región. Sin embargo, los hechos de los últimos días muestran que de concretarse la secesión, el camino será muy distinto al prometido por Puigdemont. Además, resulta engañoso sostener que una mayoría de catalanes votó por la independencia, cuando quienes apoyaron esa opción solo representan el 38% del universo total de votantes de la región. Por ello, es de esperar que la decisión del líder catalán de suspender la declaración de independencia permita que prevalezca finalmente la cordura y el proceso vuelva a su cauce normal, permitiendo encontrar una solución que revierta la escalada confrontacional entre la Generalitat y Madrid.