ARBITRARIA REDUCCIÓN DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
Es preocupante que el gobierno haya pretendido desconocer compromisos contemplados en la Ley de Inclusión que el propio Ejecutivo impulsó.
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La ley que terminó con el lucro, el copago y la selección sigue siendo un problema para el gobierno. Desde el inicio de su tramitación fue criticada por diversos sectores y perdió apoyo entre la ciudadanía. Luego, una vez aprobada, debió enmendarse a través de otro proyecto legal. Recientemente, el Ejecutivo ingresó un segundo proyecto de ley para poder implementarla. Adicionalmente, la Ley de Presupuestos 2018 pretende desconocer el denominado “aporte por gratuidad” que debía compensar los recursos que dejaron de recibir los establecimientos educacionales que decidieron dejar el copago. Esta figura, aprobada hace dos años, establecía un calendario progresivo de aumentos que ahora a través de una glosa se pretende posponer, generando la esperable alarma de sostenedores que han proyectado ingresos por subvención que no se cumplirán.
Esta decisión -que fue transversalmente rechazadaprovoca incertidumbre, resiente las confianzas entre el Estado y los sostenedores –que educan a la mayoría de la matrícula nacional y que son socios en la formación de los estudiantes- y de prosperar conllevaría a que el próximo año existan menos recursos para educar a los alumnos. De acuerdo con el informe financiero presentado durante la tramitación de la ley, en pesos de hoy, la merma de recursos sería de entre US$ 120 y US$ 130 millones. Por el contrario, el presupuesto destinado a gratuidad para la educación superior se incrementa en casi US$ 360 millones, siendo una nueva muestra de cómo el actual gobierno ha priorizado a los grupos de presión.
Asimismo, llama la atención la forma cómo se procedió y las insólitas explicaciones de las autoridades. Cabe recordar que el propio Ministerio de Educación había intentado infructuosamente eliminar vía presupuesto los recursos asignados al Aporte Fiscal Indirecto que están establecidos por ley, medida en la que luego retrocedió tras la demanda que interpuso la Universidad Católica. Sorprende, por lo mismo, que la autoridad haya persistido en esta actitud, ante lo cual los sostenedores perfectamente podrían seguir el mismo camino que la UC.
La ministra de Educación -quien señaló el sábado que se está haciendo un “un esfuerzo muy grande” en conjunto con Hacienda para reponer estos recursosculpó al déficit fiscal y a la necesidad de destinar más gastos a salud para no cumplir con los dispuesto en la Ley de Inclusión. Efectivamente, existe un escenario de estrechez presupuestaria, pero se pudo haber recurrido a programas mal evaluados, disminuir gastos innecesarios o bien priorizar donde los recursos son más efectivos. A su vez, inicialmente la vocera de gobierno reconoció no saber el número total de alumnos afectados, minimizando el problema. En tanto, el ministro de Hacienda desconoció un acuerdo generado por él mismo cuando estaba a cargo de Educación. Todas estas situaciones agravan la falta y es una nueva muestra de improvisación por parte del gobierno.
Aun cuando cabe esperar que este inexplicable desaguisado se corrija a la brevedad en la discusión presupuestaria, el gobierno aún no parece aquilatar el negativo precedente que significa alterar leyes permanentes mediante simples glosas, ni tampoco asume los errores de la Ley de Inclusión.